La reciente fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC), no fue un simple festejo familiar: fue un despliegue obsceno de ostentación que costó alrededor de 600 millones de guaraníes, según admitió la propia autoridad norteña, pero varios cálculos particulares creyeron que se quedó corta. La situación llegó al extremo que motivó preocupación en el propio movimiento político de la jefa departamental, Honor Colorado, al punto de que, a iniciativa de dicha agrupación en el Senado, le fue retirado a la misma el control del programa Hambre Cero, que maneja importantes recursos del Presupuesto nacional.
Decoración importada de Brasil, menú de alto nivel, gran escenografía en el Club Social de Concepción y un presupuesto que Meza calificó de “normal”, “común y corriente” para un cumpleaños “lindo y confortable”. Financiado con “ahorros, préstamos familiares” y recursos privados, según su defensa, mientras camiones que transportaban elementos para la fiesta fueron retenidos por la DNIT por irregularidades documentales y una ola de críticas que la gobernadora despachó con la muletilla de siempre: “persecución política”.
Seiscientos millones de guaraníes. En un departamento donde la pobreza multidimensional golpea con fuerza y distritos como Paso Barreto lideran el ranking nacional con 53,3% de pobreza monetaria (según el Mapa de Pobreza Monetaria Distrital 2025 del INE), este “presupuesto normal” equivale a una patada en el estómago colectivo, muchos de ellos vacíos.
Concepción es uno de los departamentos con mayor incidencia de pobreza en Paraguay, donde miles de familias luchan por comida diaria, acceso a salud digna, educación básica y empleo precario, mientras programas como Hambre Cero acumulan deudas millonarias y la crisis económica azota el norte. ¿“Normal”? Para quien vive en burbujas de privilegio, quizás. Para el pueblo que apenas llega a fin de mes, es un insulto intolerable y una demostración brutal de desconexión, pese a fungir de “gobernadora”.
Y en materia de ostentación, no se le puede olvidar a Eddie Jara, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), quien tiene en su haber, en poco tiempo, viajes a Europa y Cancún, con su pareja, la diputada Johana Vega (ANR, cartista), el alquiler de una casa de verano supuestamente por 17.000 dólares en San Bernardino, y el reparto de regalos por el Día de la Mujer Paraguaya por parte de la diputada, quien utilizó una lujosa camioneta, que el titular de la petrolera informó que es de su propiedad.
Pero la falta de empatía no termina en Concepción ni en Petropar. La desconexión con la realidad que se evidencia en el norte se constata en el Instituto de Previsión Social (IPS). La entidad previsional que atiende mayoritariamente a trabajadores de escasos recursos, jubilados con pensiones mínimas y familias humildes que dependen de ellas para sobrevivir mostró cómo sus asesores jurídicos externos y directivos perciben salarios y honorarios que escandalizan en plena crisis institucional.
Bajo la gestión actual, el IPS destina más de 2.698 millones de guaraníes al año a solo 29 abogados externos, con montos individuales que superan los 90 y 128 millones anuales (equivalentes a 31 y 44 salarios mínimos). El director jurídico, José González Maldonado (alias “José’i”), cobró G. 412,5 millones en honorarios por un solo caso (además de su salario mensual de G. 19 millones con bonificaciones), mientras su patrimonio creció un 215% en 15 meses (de 276 a 870 millones), según declaraciones juradas bajo escrutinio de la Contraloría (ABC 27/02/26). Tan grande fue el escándalo que González presentó renuncia al cargo esta semana, presionado por las denuncias periodísticas.
Mientras asegurados del IPS denuncian falta crónica de medicamentos, demoras eternas en consultas, colapso hospitalario y precariedad en la atención, se paga doble remuneración (salario fijo más honorarios por el mismo trabajo), se engordan patrimonios de funcionarios y se multiplican contratos privilegiados sin obligación de horario.
El IPS, que debería ser un escudo protector para los más vulnerables (gente de bajos ingresos que aporta toda su vida para su jubilación), se transforma en coto de caza para una élite que “desangra” la institución con privilegios obscenos.
La similitud es dolorosa e indecente: en Concepción, una gobernadora gasta fortunas en una fiesta de jeque mientras su departamento se ahoga en pobreza extrema, inseguridad y vulnerabilidad. En el IPS, jerarcas y asesores acumulan millones en salarios y honorarios mientras los aportantes pobres esperan turnos imposibles, mueren sin atención adecuada o ven cómo sus contribuciones se diluyen en privilegios ajenos.
En ambos casos, la misma falta de empatía criminal: una élite política y administrativa desconectada por completo de la realidad del pueblo, que justifica derroches como “normales”, multiplica privilegios y mira para otro lado ante el sufrimiento ajeno, todo a costa de los mismos que sostienen el sistema con sus aportes, su trabajo y su silencio forzado.
Esto no es solo despilfarro privado o institucional; es un desprecio sistemático por la dignidad de los paraguayos más humildes. Mientras el entorno de una autoridad regional disfruta de un cumpleaños de lujo y un asesor jurídico se enriquece con cientos de millones extras, miles de familias en Concepción y aportantes del IPS no saben si podrán comprar alimentos o medicinas.
Porque donde hay opulencia aparentemente injustificada y desconexión total, lo que se protege no es el “presupuesto normal”, es la impunidad de una clase que vive del sufrimiento ajeno. Basta de ostentación. Basta de fiestas de jeques y honorarios millonarios a costa del pueblo. Basta de falta de empatía. El pueblo merece dignidad, no migajas. Las instituciones contraloras y de justicia deben hacer lo suyo, por la dignidad del pueblo y por el bien de la Patria.