El último 21 de febrero, el tractorista Almir de Brum habría sido secuestrado en la colonia Yerutí (Canindeyú) presumiblemente por el grupo criminal que desde 2008 se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Hoy es el día en que aún no hay grandes novedades al respecto. Según la información, fueron movilizados los efectivos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en la que sería un “área de influencia” del citado grupo criminal, cuyos miembros hoy no llegarían a 20, según el general Alberto Gaona, jefe del dispositivo citado. Solo se sabe que hay “muy buenas informaciones” que llevarían a realizar “operaciones tácticas exitosas”, según el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, quien, no obstante, se ha negado a confirmar la intervención de la banda mencionada, “hasta que las instituciones de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas nos den luz verde”.
Y bien, pasan los años y el CODI aún se muestra incapaz de poner fin a las actividades delictivas de quienes han secuestrado a, entre otros, al agente policial Edelio Morínigo en 2014, al ganadero Félix Urbieta en 2016 y al exvicepresidente de la República Óscar Denis en 2020. El Ministerio Público asegura que el segundo fue ultimado en 2017, en tanto que la incertidumbre sigue torturando a los familiares de las otras dos víctimas. El reciente plagio evidencia, por si aún hacía falta, la incapacidad estatal, más allá de los gobiernos de turno. Implica una evidente ineptitud el hecho de que aún no se pueda poner coto a las actuaciones de una agrupación que opera en el noreste de la región Oriental, carente de extensos y espesos bosques, de altas montañas y de grandes centros urbanos. Con tantos acuerdos sobre seguridad con otros países que el Gobierno promociona, es imposible que no se incluya tecnología necesaria para detectar al grupo que sigue haciendo de las suyas, dificultando el desarrollo de importantes zonas productivas.
No obstante, el 25 de febrero, el Poder Ejecutivo decidió ampliar el área geográfica de Operaciones del CODI, a través del cual ofreció un día antes elevadas recompensas por datos que sirvan para capturar a numerosos prófugos, entre ellos Manuel Cristaldo Mieres, supuesto líder del EPP. Habrá que ver si el dinero servirá para el efecto. Hasta hoy, no ha servido de mucho la “bonificación por servicios especiales” para los militares y policías que deberían combatir al grupo criminal, equivalente a la mitad del respectivo sueldo básico mensual. ¿Sería un buen “negocio” para algunos que la lucha continúe por tiempo indefinido?
Tampoco es alentador suponer que el EPP se mueve como pez en el agua, gracias al apoyo de la población, que ocultaría y abastecería a sus miembros por temor o adhesión a la causa. Es preferible atribuir su persistencia a la ineptitud de las fuerzas estatales involucradas, entre cuyas deplorables consecuencias figura que la situación se “normalice”, es decir, que la ciudadanía llegue a habituarse a ella hasta el punto de olvidar a sus víctimas directas y a sus familiares. Convivir con el crimen supone resignarse a aceptarlo, como si el Estado de derecho fuera impotente para reprimirlo dentro del marco de la ley. Es necesario seguir recordando a quienes han perdido su libertad o su vida en manos de unos delincuentes que se arrogan la representación del pueblo y a la vez exigir al Poder Ejecutivo que las fuerzas a su cargo sean mucho más eficientes. La cuestión es no acostumbrarse a un grave estado de cosas, que afecta la vida, la libertad y los bienes de las personas de bien.
El sistema democrático debe saber defenderse, sin violar los derechos humanos, actuando con firmeza e inteligencia contra quienes intentan derribarlo para instalar una dictadura. Para ello, es preciso que las fuerzas del orden sean equipadas e instruidas como es debido y que sean ellas las que se ganen la confianza de la población en vez de los delincuentes. Vale recordar estas obviedades porque los que mandan se distraen en asuntos ajenos a sus misiones esenciales, entre las cuales figura la de preservar la seguridad interna.
Han pasado dos décadas desde el surgimiento de la banda que sigue tan campante. Hace tres semanas se ha cobrado una nueva víctima, cuyos angustiados familiares claman por una prueba de que está con vida; sus dos niños ya temen ir a la escuela y preguntan por él. Habrá que aguardar la respuesta de los desalmados y ver qué hace el CODI: es de esperar que los servicios de inteligencia y la llamada Fuerza de Tarea Conjunta se muestren mucho más efectivos que hasta ahora.
El nuevo secuestro debería servir para que de una vez por todas el Gobierno y la fuerza pública detecten los errores que han venido cometiendo: algo está fallando, hasta el punto de ponerlos en ridículo. Es tiempo de tomar el toro por las astas, es decir, de revisar la estrategia y la táctica que se han venido empleando con resultados tan desalentadores. El Paraguay debe dejar de ser cuanto antes uno de los pocos países del Cono Sur donde hoy opera una suerte de “guerrilla”, debido esencialmente a la ineptitud gubernativa.