Una veintena de diputados opositores pidió el 3 de marzo que la Cámara Baja interpele al presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, y al gerente de Salud de la desastrosa entidad, Derlis León. El cuerpo legislativo resolvió estudiar el pedido en la sesión del próximo martes, ocasión en que resolverá si los susodichos serán convocados o no en el futuro para responder a las 61 preguntas ya formuladas, a las que se podrían agregar otras durante la sesión eventual. Se nota que al cartismo no le urge ocuparse de la plausible iniciativa, aunque solo afecte a dos de los presuntos responsables del calamitoso estado del IPS. En efecto, ella no incluye a sus consejeros, que también tienen mucho que ver con que falten medicamentos, camas, equipos o personal especializado. Los sectores que representan parecen ignorarlo, pero esos señores, cada uno de los cuales, según se supo, agregó al personal más de diez funcionarios con altos sueldos, son corresponsables de la debacle del ente.
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) se rasgó las vestiduras, criticando a José Emilio Argaña Contreras por no haberle comunicado que el 5 de febrero puso “a disposición” del Poder Ejecutivo su cargo de representante de los empleadores ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), que venía ejerciendo desde el 14 de diciembre de 2023. La renuncia “con piolita” –aún no aceptada– obedeció, según dijo, a que las “irregularidades” publicadas dañaban injustamente su nombre y el de su familia, pues él era ajeno a “los malos manejos de algunos funcionarios que ocupan cargos de decisión”. Agregó que puso “a su conocimiento ciertas irregularidades, que de no tomar medidas rectificatorias, las mismas seguirán ocurriendo” (sic).
La Feprinco, que en los últimos años no se ha destacado en absoluto por criticar las evidentes “irregularidades”, denunciadas una y otra vez por los asegurados y por los medios de prensa, expresó ahora su inquietud ante la crítica situación del IPS, pero lo que le “resulta especialmente preocupante” es que desde que José Emilio Argaña Contreras asumió el cargo (¡hace más de dos años!), “no haya recibido informes formales de gestión (...) ni solicitudes de insumos técnicos o institucionales para la adopción de posiciones en el Consejo”.
Cabe preguntar cómo es posible que la entidad empresarial haya dejado pasar tanto tiempo –más de dos años– sin preocuparse de que su representante NO le pida sugerencias NI le rinda cuentas acerca de la desastrosa marcha del IPS. No le ha venido indignando que los aportes patronales sean malversados ni que haya “muertes evitables”, entre otras desgracias. En buena hora, a su presidente Enrique Duarte le inquieta hoy que los “colaboradores sufren la falta de medicamentos y turnos que tardan meses”.
También los dirigentes de los sindicatos de trabajadores guardan un ominoso silencio en torno a los escándalos que sacuden al IPS desde hace largos años, como si no les importara que el aporte obrero sea desviado hacia los bolsillos de los corruptos, vía licitaciones amañadas, entre otras fechorías. El representante de los trabajadores asegurados en el Consejo de Administración, Víctor Insfrán Dietrich, quien habiendo sido presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, entre 1997 y 1999, habría dejado un “agujero” de unos cinco millones de dólares, no se muestra preocupado por los pésimos servicio del IPS. ¿Nada tienen que decir las seis centrales activas de trabajadores, acerca de las penurias causadas a los asegurados?
El actual representante de los jubilados y pensionados de la entidad previsional –designado “a dedo” por el Presidente de la República– es José Jara Rojas, un “seccionalero” que ya había integrado el Consejo de Administración bajo el Gobierno de Horacio Cartes. Los comentarios huelgan. Existen varias agrupaciones de jubilados y pensionados que, ellas sí, suelen expresar sus reclamos con cierto énfasis. En febrero, una de ellas presentó a la Justicia Electoral la iniciativa popular “IPS sin políticos”, para que su máxima autoridad esté compuesta por dos representantes de los jubilados y pensionados, dos de los trabajadores, uno de los empleadores y uno del Poder Ejecutivo. Todos ellos, salvo el último, serían elegidos directamente por sus “colegas”.
Más allá de la composición del órgano colegiado y de la suerte que tenga la citada iniciativa, lo que desde ya importa es que las organizaciones de empleadores y trabajadores sigan muy de cerca el desempeño de sus representantes en el Consejo de Administración. No deben tener una suerte de carta blanca para hacer o dejar de hacer lo que se les antoje, pues están en juego la vida y el dinero de los asegurados. Lo que viene ocurriendo es que, con los altos salarios y otros privilegios con que cuentan, los consejeros se vuelven más empleados de la previsional que representantes de los diferentes sectores. Es de preguntarse hasta cuándo los asegurados estarán indefensos frente a las calamidades cotidianas que castigan al IPS: mucho dependerá de que pongan bajo la lupa a sus representantes en el Consejo de Administración.