La Contraloría General de la República (CGR), concebida como baluarte de la transparencia y el control patrimonial de los funcionarios públicos, se ha convertido en un colador que permite burlas sistemáticas. En lugar de prevenir la corrupción, el sistema de declaraciones juradas se reduce a una formalidad: omisiones millonarias, “olvidos” convenientes y rectificaciones tardías que evaden cualquier consecuencia real.
Políticos y altas funcionarias esconden casas, tierras, deudas y naves en paraísos lejanos; y cuando el reflector de la prensa los alcanza, invocan el inocente “error involuntario” y la ley, complaciente, les abre las puertas para borrar y reescribir.
La Ley N° 5033/2013 (y sus modificatorias) lo facilita: permite rectificaciones “cuantas veces sean necesarias”, sin límites estrictos ni sanciones automáticas por falsedades iniciales. La CGR da plazos breves para enmendar y solo actúa proactivamente bajo presión mediática, manteniendo una infraestructura burocrática que aparenta control pero no lo ejerce.
Casos paradigmáticos abundan y entre los nombres que marcan el patrón se encuentran los de Orlando Arévalo (ANR-HC) y su esposa, la concejala lambareña Carolina González, quienes “olvidaron” al menos 12 propiedades a nombre de ella, vehículos, ganado y construcciones, como quien olvida un recibo.
Alegaron “consignación cruzada” errónea y rectificaron al filo del plazo. Recientemente, la CGR ratificó el 90% de las observaciones y derivó el caso al Ministerio Público. Es de esperar que a la fiscalía no le tiemble el pulso para realizar una investigación ejemplar en este aparente caso de enriquecimiento ilícito y corrupción de alta esfera.
Cómo olvidar el famoso caso de los Pandora Papers (2021), el cual involucró al expresidente de la República y actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, quien ocultó una sociedad offshore panameña (propietaria de un apartamento en Miami) en tres declaraciones durante su mandato. Rectificó días antes de la filtración, tres años después de dejar el cargo; para sorpresa de nadie, la CGR lo consideró “habitual” y no derivó a fiscalía.
Otro “olvidadizo” alto funcionario es Eddie Jara (expresidente de Petropar), quien enfrentó un informe lapidario de la CGR por inconsistencias patrimoniales graves. Rectificó sus declaraciones de IRP entre 2020 y 2023, aumentando ingresos un 482% en 2023 y reduciendo egresos drásticamente en 2020. La Contraloría denunció penalmente por “gastar más de lo ingresado”, sin embargo, la corrección tardía ilustra la debilidad del control preventivo y la lentitud de la justicia parece sellar el círculo perfecto de la corrupción.
No se puede dejar de mencionar el caso de la senadora Lizarella Valiente (ANR-HC), quien compró casa en plena pandemia y solo recordó declararla cuando la verdad ya respiraba en los titulares. La misma omitió en su declaración jurada detalles clave sobre la compra de una vivienda en Lambaré (valorada en unos G. 860 millones, adquirida en 2020) y un préstamo bancario para su campaña. Alegó “omisión involuntaria” y solicitó rectificación en julio de 2024. La CGR abrió un examen de correspondencia, pero la corrección evitó sanciones inmediatas, pese a contradicciones y dudas generadas por la actualización.
El senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) dijo alguna vez que las declaraciones juradas en materia de financiamiento político son una “bolaterapia permanente” y que con ello se le engaña a la ciudadanía. Sus palabras, crudas y reveladoras, desnudan la verdad que muchos prefieren callar: el sistema no solo tolera el engaño, sino que lo convierte en rutina. Lo que Ovelar describió como “bolaterapia” es exactamente lo que vemos hoy en el control de bienes y rentas: una ilusión de transparencia que sirve para distraer, mientras las omisiones reales permanecen impunes.
Este mecanismo convierte las declaraciones juradas en documentos corregibles indefinidamente. La CGR reacciona solo cuando salta el escándalo; de lo contrario, todo sigue igual. Sin embargo, cada omisión es una grieta más en la confianza. Cada rectificación tardía, una burla al pueblo que espera justicia y no excusas. La institución, tal como existe hoy, no custodia: disimula. No sirve para nada en la tarea sagrada de velar por el dinero de todos.
Paraguay no puede seguir tolerando esta farsa. Urge una reforma drástica: límites estrictos a las rectificaciones, sanciones automáticas por omisiones dolosas, controles cruzados permanentes y proactivos, mayor independencia de la CGR y penalización efectiva de las falsedades iniciales.
Así como la Contraloría cierra los ojos ante el saqueo, el pueblo los abre con la claridad de quien no se rinde. Así como los corruptos olvidan sus fortunas ocultas, la ciudadanía recuerda cada nombre, cada cifra y cada promesa traicionada.