En el corazón de Luque, donde el sueño de una vivienda propia debería ser el faro de esperanza para miles de familias que sudan por llegar a fin de mes, se levanta hoy, de la mano del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), un edificio que huele a privilegio y a traición: Las Residentas I. Doce departamentos que, en teoría, nacieron para aliviar las desigualdades injustas, pero en la práctica, se convirtieron en el botín de los amigos del poder.
El senador Javier “Chaqueñito” Vera (tránsfuga de Cruzada Nacional al oficialismo), con un sueldo que supera los 37 millones de guaraníes, se adjudicó uno de estos inmuebles destinados a familias de ingresos modestos. No vive allí, dice que su sobrino lo ocupa temporalmente, y el trámite voló con celeridad sospechosa. No fue el único. Junto a él, el secretario privado del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, Jorge Daniel Coscia, y familiares directos de la senadora Zenaida Delgado, su hermano Venancio y su sobrino Alejandro Guzmán, también recibieron sus respectivas llaves.
Todos ellos, funcionarios directos o parientes de quienes manejan los hilos del Estado, mientras 75.000 paraguayos honestos quedaron fuera de la lista.
El ministro Baruja se defiende con la frialdad de quien recita un manual: “Todo fue legal, se cumplieron los requisitos”. Admite, sin sonro- jarse, que “otros funcionarios del MUVH también fueron adjudicados porque promueven los programas”. ¡Como si promover un programa social diera derecho a saltarse la cola y llevarse la casa bajo el brazo!
Se trata del mismo ministro que, junto a su secretario Coscia, ya fue cuestionado por usar vehículos oficiales para asuntos particulares. El auto del Estado llevando a los poderosos a sus quehaceres privados, mientras el pueblo paga la nafta con sus impuestos.
La Constitución Nacional, en su Artículo 46, es clara como un grito de justicia: “El Estado removerá los obstáculos y eliminará los factores que mantienen o agravan las desigualdades”. Ese es el mandato sagrado. El Estado no debe generar privilegios para que los sobrinos de senadores se muden a departamentos de lujo con cuotas de favor. Su obligación es allanar barreras para los vulnerables, no abrir puertas traseras para los intocables.
El pueblo paraguayo no puede seguir financiando la casa propia de los ricos. No puede seguir viendo cómo sus impuestos, sudados con esfuerzo, se convierten en ladrillos de mansiones para quienes ya tienen todo.
Eso no es un simple error administrativo. Es abuso de poder. Es violación flagrante del derecho a la igualdad. Y es, sin duda, causal suficiente para una interpelación al ministro Baruja y para un juicio político que ponga las cosas en su lugar. Porque cuando la ley se tuerce para beneficiar a unos pocos, deja de ser ley y se convierte en cadena. Cuando el Estado, en vez de ser escudo de los humildes, se vuelve espada de los poderosos, pierde su razón de existir. Paraguay ya no aguanta más castillos construidos con el sudor de los descalzos.
Es hora de derribar los muros impuestos por la injusticia. Con la fuerza de la Constitución, con la dignidad del pueblo y con la vergüenza que aún nos queda. Porque si no lo hacemos hoy, mañana ya no quedará ni un solo departamento… solo ruinas de una democracia vendida al mejor postor.