impunidad política

En la noche del miércoles de Navidad, Eduardo González Pérez, hermano de la concejala de Lambaré Carolina González y cuñado del diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), quien también es miembro del JEM, fue aprehendido por la Policía luego de ser denunciado por sus vecinos por realizar disparos al aire, y tras encontrar en su domicilio 3 vainillas servidas de un arma calibre 9 mm. Este delito está previsto y penado en el artículo 203 del Código Penal como “producción de riesgos comunes”, en concordancia con la Ley de Armas 4036/10. Sin embargo, esta detención duró poco tiempo, ya que al ser trasladado por la Policía para la realización de la prueba de alcotest conforme al procedimiento de rigor, el fiscal de turno, José Luis Casaccia, fue contactado por el personal policial pero, para sorpresa de los mismos, dispuso la inmediata libertad del cuñado del diputado cartista y, por supuesto, ordenó que no se le realice ninguna prueba que pudiera comprometerle.

El emperador romano Justiniano I (483-527 d.C), conocido como “El Grande”, había acuñado el término latino “digesto”, que significa “distribuido en forma sistemática”, para referirse a una parte esencial del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo del Derecho Civil), que sería la base en la que se fundarían las legislaciones de todos los Estados modernos. Integrado por 50 libros escritos por eminentes juristas marcaría un hito trascendental en el derecho romano, del cual deriva nuestro derecho moderno; incluso sirvió como inspiración para el Código de Napoleón en 1804 que sería la base de nuestro actual Código Civil. Sin embargo, cuando el gobernante no tiene como objetivo buscar el bien común, los inquilinos del poder construyen una sistematización normativa a medida, de manera tal a blindarse jurídicamente en sus objetivos premeditados. Cuando el “Digesto” de normas se construye a medida de una casta selecta de privilegiados, es el pueblo quien paga las consecuencias.

La Cámara de Diputados dio media sanción y remitió al Senado el proyecto de ley “que modifica los artículos 6, 136 y 305 de Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal (inviolabilidad de la defensa, la duración máxima del procedimiento y la desestimación)”. Sobre el punto, la diputada patriaqueridista, Rocío Vallejo, exige que la propuesta no se convierta en legislación y recomienda a los fiscales adjuntos a que revisen el avance de las causas de sus agentes, como medida para evitar la mora judicial.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un controvertido proyecto de ley que permitiría lograr la “impunidad” de varios procesados con casos muy pesados, según advirtieron varios legisladores. A quienes se mostraban críticos a la iniciativa, los cartistas les patotearon y a los gritos los interrumpieron en sus argumentaciones. El proyecto en cuestión reduce los plazos procesales, facilitando la impunidad mediante “chicanas” o plazos ínfimos. ¿Quiénes podrían ser los favorecidos? Hay nombres y casos conocidos.

La sensación de injusticia en Alto Paraná es palpable y comprensible en medio de las recientes noticias sobre el sobreseimiento definitivo de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías y otros siete procesados, en un caso de desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este evento –como otros similares– diluye la confianza en el sistema judicial y se perpetúa la impunidad.