El penoso testimonio del doctor Diego Gamarra, coordinador de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, refleja el dramático estado de la salud pública. Según dijo, en los últimos meses hubo allí una inédita reducción de la disponibilidad de insumos y medicamentos, debida a las trabas burocráticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que obligan a reprogramar procedimientos y retrasar cirugías. Es más: como a muchos profesionales se les adeudan salarios desde 2025, “lo que se está viviendo ahora (...) es mucho más duro que lo que se vivió en Gobiernos anteriores”, aunque también bajo ellos la sanidad haya sido “muy postergada”. El citado médico puso el dedo en la llaga al afirmar que “las carencias de salud están subsidiando el despilfarro en otras áreas del Estado”.
En efecto, la corrupción no es el único factor a estimar buscando las causas de tantas deficiencias en los servicios públicos: también el dispendio contribuye a ellas, pese a la teórica vigencia de una ley que desde 2020 establece medidas de racionalización del gasto público. Es indignante que las carencias del sistema sanitario condenen a los pacientes y a sus familiares a tantas penurias, mientras los gastos superfluos abundan, como deberían saberlo quienes sancionan la ley del Presupuesto nacional y quien la promulga, el presidente Santiago Peña. La “economía de guerra”, hoy invocada por el MEF debido en gran medida al derroche desaforado que lleva las cosas a una situación límite, les resulta extraña: les costará mucho adaptarse a ella, si lo hacen, aunque más no sea reduciendo, por ejemplo, los frecuentes viajes al exterior con todos los gastos pagos o eliminando los envidiables sobresueldos. De hecho, en la Cámara de Diputados ya hubo una suerte de rechazo a la idea de apretarse los cinturones cuando los cartistas y sus satélites dejaron ayer sin quorum una reunión donde se iba a tratar la reducción de los gastos superfluos.
Si no se malgastara tanto, podrían salvarse vidas: “Hay pacientes que se están muriendo porque no acceden a los medicamentos”, afirma la Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras, en tanto que la Fundación Renal del Paraguay se mostró muy indignada y preocupada: sería “usual” que hospitales públicos recurran a esa entidad para “cubrir necesidades”, aunque no haya nacido para sustituir al Estado. Desde hace meses, en el Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso faltan remedios para los pacientes diabéticos, uno de los cuales dijo que muchos dependen de ellos para vivir, “pero no hay”. Los pacientes crónicos exigieron frente al muy endeudado Ministerio de María Teresa Barán que se les provea de los remedios caros que necesitan para sus diversas patologías: sus vidas estarían en peligro porque las licitaciones no fueron convocadas a tiempo. Aparte de los medicamentos, en algún caso faltan médicos especializados. Los pacientes oncológicos del Hospital Nacional de Itauguá deben comprar esparadrapos, jeringas y costosos fármacos: “lamentablemente ni lo básico tenemos”, dijo una afectada. Se recuerda que Santiago Peña dijo en febrero que deseaba que dicho nosocomio sea “una referencia a nivel internacional”.
Por si todo esto fuera poco, también se queja el personal de blanco: el Sindicato Nacional de Médicos denunció que deben descansar en el piso de depósitos para muebles viejos y equipos averiados. Por su parte, médicos y funcionarios del Hospital Regional de San Juan Bautista (Misiones) tienen que limpiar las áreas de descanso y los sanitarios, debido al “déficit crítico de personal”, según la directora Rita Cardozo. Al decir de Rossana González, vocera del sindicato antes mencionado, “lo que sí molesta e indigna es que existen políticos que viven de nuestros impuestos, tienen inodoros inteligentes o de oro con tres o cuatro empleados que los limpian”.
En el Servicio de Ginecobstetricia del Hospital Regional de Capiatá, los médicos operan a oscuras y pagan con los enfermeros el mantenimiento y la reparación de equipos: hace unos días, el personal sanitario emplazó al ministerio competente para que dentro de dos meses presente soluciones; si no lo hace, habrá un paro parcial. El Hospital Nacional de Itauguá fue intervenido por los supuestos hechos de “acoso, violencia laboral y hostigamiento”, cometidos en el Servicio de Cirugía, en contra de dos médicas residentes.
Aunque parezca ingenuo decirlo, estas noticias recientes sobre la dramática situación de la salud pública tendrían que despertar la conciencia de quienes asignan y administran el dinero de los contribuyentes: si se abstuvieran de robar y derrochar con tanto entusiasmo, se salvarían muchas vidas. En otros términos, no solo en el Instituto de Previsión Social hay “muertes evitables”, cuyos responsables deben ser sancionados incluso penalmente, según las circunstancias. Es hora de poner fin a la calamidad causada o tolerada por desalmados a sueldo de la ciudadanía a la que desprecian. Para ello, resulta imprescindible la movilización de los pacientes y de sus familiares, así como de las asociaciones civiles. Es necesario levantar la voz ante tanta iniquidad, como lo están haciendo los profesionales de la salud, también ellos víctimas del descalabro sanitario.