En noviembre de 2023, el presidente Santiago Peña dijo que él le ha dado al transporte en general y al de pasajeros en particular “una altísima importancia”. Agregó que “estamos con una deuda enorme con el pueblo paraguayo en mejorar las condiciones del transporte público, aquí del Área Metropolitana, pero es una deuda que tenemos históricamente del Estado”. Habiendo pasado ya la mitad de su mandato, dicha obligación sigue incumplida, como lo revelan las reiteradas quejas de los usuarios, expuestos a los abusos de siempre, entre los que figuran las impunes “reguladas” chantajistas de los llamados empresarios del transporte.
Esos reincidentes señores han vuelto a la carga, planteando al Viceministerio del área, entre otras “alternativas de urgencia”, la actualización inmediata de la tarifa promedio incorporando el precio actual del combustible, así como el reajuste del pasaje, trasladando un porcentaje del mismo a los pasajeros para descomprimir la caja del Ministerio de Economía y Finanzas. Vale señalar aquí que, en los últimos diez años, el subsidio ha costado a los contribuyentes de todo el país más de 1,736 billones de guaraníes (267 millones de dólares). Los transportistas dicen que la continuidad del servicio es inviable en las actuales circunstancias y ponen plazo para que se les responda hasta mañana, día en que se les agotaría la gasolina.
De hecho, ya empezaron las “reguladas” de rigor, esta vez bajo la excusa de una “racionalización del combustible”, como si no importaran la Ley Nº 6789/21, que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas del transporte público infractoras de la ley; las cláusulas de la concesión del servicio ni los compromisos laborales o educativos de quienes se ven forzados a viajar en buses repletos y en malas condiciones. Pasaron más de cuatro años y la norma referida aún no ha sido reglamentada, pese la “altísima importancia” que el Presidente de la República le atribuye al transporte de pasajeros. No obstante, la omisión no impide aplicar la normativa, que más bien dispone desde ya que “el Poder Ejecutivo, por medio del Viceministerio de Transporte, deberá controlar la estricta aplicación de esta ley”.
Una usuaria resumió así el drama cotidiano que se arrastra desde hace largos años: “Se sufre muchísimo, los servicios son pésimos. Lastimosamente, los empresarios y el mismo Estado no hacen caso a lo que realmente el pueblo está pasando. Se sufre muchísimo”. En efecto, si la “deuda” sigue vigente es porque ni Santiago Peña ni los “empresarios” del sector se identifican con las angustias de la gente: como hoy se estila decir, les falta empatía. De hecho, de los sufridos usuarios solo se ocupa la meritoria Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), pues la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) apenas se hace sentir en este ámbito.
Este nuevo episodio chantajista es un capítulo más de una vieja historia que prosigue por falta de “voluntad política”. De hecho, Santiago Peña ha olvidado sus palabras de hace dos años y cuatro meses, pues en lo que va de su gestión no se advierten mejoras en el imprescindible servicio público que, según la ley, debe prestarse en forma continua y regular, durante todo el día. En última instancia, de lo que se trata es de cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos, sin someterse a prácticas extorsivas en perjuicio inmediato de los usuarios.
Entre otras de las palabras del Presidente sobre el transporte público, se puede recordar que en enero último promulgó la ley que establece la rectoría del Estado sobre el transporte terrestre y modifica disposiciones de la Ley 1590/2000 relacionada con el servicio público metropolitano de pasajeros. La normativa fue presentada bajo el nombre de “El bus que viene”. Veremos si a este paso ese bus llega a los usuarios o se convierte en “el bus que nunca viene”, como es habitual en estos días.