En vez de precautelar el buen uso del dinero de sus representados, los legisladores paraguayos se dedican a malgastarlo en beneficio propio, de sus parientes y de sus clientelas políticas. El Poder Legislativo se ha vuelto una máquina para exprimir a los contribuyentes, a costa de la salud y de la educación públicas, entre otros servicios plagados de carencias. El interés particular de sus bien remunerados miembros prima sobre el general, aunque traten de ocultarlo –en vano– mediante los habituales discursos demagógicos. Las nuevas revelaciones en torno a la ley presupuestaria vigente son un ejemplo más del empleo discrecional de fondos públicos en perjuicio de la población.
En efecto, el proyecto del Poder Ejecutivo presentado en 2024 prohibía a las entidades estatales asignar bonificaciones superiores al 30% del salario nominal. En el caso de los ordenadores de gastos y pagadores, ellas podían llegar hasta la mitad del mismo. El Poder Legislativo resolvió que dichos beneficios sean otorgados a los funcionarios del Congreso y del Senado, presididos por Basilio Núñez (ANR, cartista), según la reglamentación institucional, es decir, sin límite alguno. En 2025, esa excepción costó al fisco 17.979 millones de guaraníes. La historia se repitió en el Presupuesto de este año, con la diferencia de que ahora dicho legislador –tan generoso con el dinero ajeno– ha renunciado a su sobresueldo mensual de 21 millones de guaraníes, solo tras haber estallado el escándalo en estos tiempos de “economía de guerra”.
Es obvio que si nada hubiera salido a la luz, seguiría gozando del jugoso ingreso adicional y no se le habría ocurrido presentar un proyecto de ley para eliminar los sobresueldos para las altas autoridades estatales. El desvergonzado derroche parlamentario no se reduce a los sobresueldos, pues se extiende a los “servicios personales”: el Poder Legislativo tiene hoy unos 3.400 cargos, cuyos ocupantes, en su enorme mayoría, no han sido nombrados previo concurso de oposición ni contratados debido a una urgente necesidad temporal. Además del clientelismo, allí reina el nepotismo, pese a que la Ley N° 5295/14 lo prohíbe en la función pública. En 2024, el Senado rechazó la iniciativa popular “Chau nepotismo”, que lo penalizaba con hasta cinco años de cárcel, para que todo siga igual y seguir actuando como un verdadero verdugo para el pueblo contribuyente.
Se eliminaron los seguros médicos privados para los legisladores, pero continúan sus viajes al exterior, con todos los gastos pagos, por cualquier motivo: en el mes en curso, el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) empleó fondos públicos para asistir en República Dominicana a un “Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia”. Una vez descubierto, devolvió el monto del viático, imitando al presidente del Congreso. En suma, el despilfarro está a la orden del día, porque las normativas en vigor lo permiten: la Ley N° 6622/20, que establece medidas de racionalización del gasto público, es ignorada por la del Presupuesto nacional, en la medida en que asigna fondos para gastos superfluos, pese a la prohibición.
La austeridad es necesaria, no solo durante una “economía de guerra”, como la que existiría hoy, porque el dinero de los contribuyentes se malversa y se derrocha a manos llenas. La “clase política”, por así llamarla, está convencida de que quienes ejercen una función pública pueden disponer del dinero de todos a su arbitrio. Y bien, el fisco no es –no debe ser– un botín que cae en manos de los vencedores de unas elecciones, como parecen creerlo muchos parlamentarios que traicionan vilmente a sus representados, en beneficio propio y en el de sus allegados.
Con toda evidencia, urge sanear el Congreso, para lo cual es indispensable que la ciudadanía preste mayor atención a la calidad moral e intelectual de quienes aspiran a integrarlo. Parece evidente que no son pocos los que hoy ocupan una banca para dedicarse al uso indebido de influencias o a la compraventa de votos, entre otras fechorías, incluso más graves. Por de pronto, habrá que seguir denunciando sin descanso a quienes disfrutan de las mieles del poder a expensas de los contribuyentes.