Giménez dijo que la actual tarifa de Itaipú, de 19,28 dólares el kilovatio/mes (unos 26,5 dólares el megavatio/hora), somete a “tensión financiera” a la ANDE, porque tiene que pagar un precio más alto por la contratación de energía. Se guardó de mencionar que fue este Gobierno el que insistió en elevar la tarifa por encima del costo básico, que es lo que establece el Tratado.
Al ser formalmente Itaipú una entidad sin fines de lucro y al cancelarse su abultada deuda en 2023, su tarifa debió haberse reducido drásticamente, hasta 10 dólares el MWh o menos, según cálculos técnicos. En cambio, el Gobierno de Santiago Peña, en vez de concentrarse desde un principio en la renegociación del Anexo C y en el cabal aprovechamiento de los excedentes paraguayos, que hasta el día de hoy son cedidos en su totalidad al Brasil, se empeñó en mantener una tarifa alta para repartirse la diferencia en forma de “fondos socioambientales” para ambas márgenes.
Brasil aparentó resistirse en un primer momento, pero, más que conforme con mantener el statu quo, que era su principal objetivo, terminó aceptando una tarifa más alta hasta 2026. El acuerdo se firmó en mayo de 2024 y la administración Peña lo presentó como un “logro histórico”.
Sin embargo, por un lado, estos “fondos socioambientales” no ingresaron al presupuesto nacional, no han estado sujetos a los controles institucionales del Estado, se han manejado prácticamente como gastos reservados del Presidente de la República y del director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, y su ejecución en el país ha estado caracterizada por falta de transparencia y serios indicios de desvíos y sobrefacturaciones.
Como toda rendición de cuentas ante la ciudadanía, a principios de este año la asesoría de comunicaciones de la entidad, margen derecha, divulgó un reporte de prensa que oscurece más que aclarar. Se menciona un monto de 1.260 millones de dólares en 2025, sin detalles específicos y con cifras totalmente inconsistentes con el supuesto uso de los fondos. Por mencionar un ejemplo, se indica que se invirtieron 90 millones de dólares en la compra de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas, 2.800 equipos de comunicación y 1.500 chalecos antibala para la Policía. Pero se ha demostrado que todos esos ítems juntos, aun con precios inflados, no pueden costar ni la mitad.
Por otro lado, esa tarifa más alta de Itaipú ha estado financiada parcialmente por la ANDE, es decir, por los consumidores de electricidad a través de sus facturas de luz.
Dos años después, Giménez lo reconoce al señalar que se tiene que buscar una tarifa “intermedia” que signifique que “la ANDE pague menos por esa energía” y, al mismo tiempo, le permita a Itaipú realizar inversiones para aumentar las fuentes de generación.
Alega que “no se puede tirar a Itaipú toda la responsabilidad de construir hospitales, comisarías, comprar patrulleras, abrir escuelas, imposible, los recursos siempre son limitados”. O sea, un discurso diametralmente opuesto al de hace dos años. La pregunta es por qué, si se tuvo una tarifa alta durante todo este tiempo, no se aprovechó para hacer las inversiones de las que hablan ni para fortalecer el sistema eléctrico nacional.
Asimismo, sin decirlo abiertamente, Giménez y Ramírez dejaron claro que todas las negociaciones están de nuevo centradas en la tarifa, y no en la cesión de la energía paraguaya, que se mantendrá invariable. Giménez, incluso, trató de justificarlo con un curioso cálculo erróneo. Al margen de la mala matemática, evidentemente no existe en el Gobierno ninguna intención de ejercer soberanía sobre los recursos energéticos del país.
Este Gobierno se inició en coincidencia con el cumplimiento del plazo de revisión de los términos del Tratado de Itaipú y tenía la responsabilidad histórica de reivindicar los legítimos derechos paraguayos en la binacional. Eligió un acuerdo tarifario que, supuestamente, le proporcionaría los recursos necesarios para dar un fuerte impulso al desarrollo del país. No pasó ni una cosa ni la otra, al punto de que hoy el Estado está en “economía de guerra”, sin poder pagar por obras, adquisiciones y servicios contratados. Un verdadero fiasco.