Aunque la iniciativa elimine el aporte estatal directo de 4.500 millones de guaraníes, los actuales parlamentarios seguirían viviendo de lo mejor a costa de sus conciudadanos, en última instancia, tras haber abandonado unas bancas que suelen enlodar con su ineptitud y/o su deshonestidad. El año pasado, la Caja Parlamentaria tuvo un ingreso en aportes de 22.378 millones de guaraníes, incluyendo una contribución estatal de 5.000 millones; como los egresos llegaron a 37.116 millones de guaraníes, resulta que, si se eliminara el aporte de los contribuyentes, como corresponde en pro de ellos mismos y de los servicios públicos, el déficit seguiría aumentando. La Caja en cuestión es financiera y moralmente indefendible, aunque la gran mayoría de los legisladores no parezca entenderlo.
En esta cuestión tan fructífera para ellos, no hay “ismos”, sino una amplia coincidencia entre las diversas bancadas y bancaditas; los eventuales beneficiarios no piensan solo en el futuro de la patria, sino también en el suyo: lo quieren confortable, en supuesta retribución a sus desvelos durante dos periodos legislativos, en cuyo transcurso habrán asistido, en el mejor de los casos, a una sesión plenaria semanal y a una esporádica reunión de alguna comisión asesora, para luego gozar de unas vacaciones de más de dos meses. Si a ello se suma que son retribuidos por los contribuyentes con 37.900.000 guaraníes mensuales y que no tienen el deber de ocuparse exclusivamente de sus funciones, pudiendo tener otros ingresos lícitos, resulta que los senadores y diputados son unos prebendarios de marca mayor, en la medida en que ejercen un cargo lucrativo y poco trabajoso.
En la materia en cuestión, los representantes del pueblo están bastante unidos, más allá de los colores. Se diría que no quieren renunciar a la apetitosa “jubilación vip”, porque ello les pondría al intolerable nivel del común de sus conciudadanos, a quienes adulan sobre todo en tiempos electorales, llenándose la boca de “pueblo”. Habrá que ver si mañana los senadores recapacitan y no traicionan a sus inermes representados, eliminando de una vez por todas la malhadada jubilación de privilegio, aunque les cueste resistir la tentación de legislar en beneficio propio. Al fin y al cabo, no es mucho pedir porque ya están siendo muy bien atendidos por la ciudadanía, quizá excesivamente bien, considerando los pobres servicios prestados.
Los beneficios jubilatorios de los representantes no deben ser concedidos bajo condiciones tan distintas a las que rigen para el común de la gente; más allá de la necesaria matemática financiera relativa a la sostenibilidad de la Caja Parlamentaria, importa mucho respetar el principio de igualdad ante las leyes: quienes dictan las reglas del juego en una determinada cuestión deben abstenerse de imponer unas distintas en beneficio propio. También lo exige la necesaria honestidad en la función pública, una virtud que, como se está viendo en materia de remuneraciones, no parece distinguir al Congreso.
No es mucho exigir que los legisladores se jubilen como el común de los mortales; lo intolerable es que estos señores pretendan valerse de su investidura para darse la gran vida durante el ejercicio del cargo y aún después: la desfachatez debe tener un límite, mal que les pese. Mañana se verá si los senadores están o no dispuestos a seguir menospreciando a la opinión pública: a pesar de todos los indicios, no hay que renunciar a la esperanza de que recapaciten y por una vez piensen en el interés general, dejando de lado la evidente angurria jubilatoria.