En el marco de un acuerdo (“memorando de entendimiento”) del 14 de agosto de 2025, ampliado el último 19 de febrero por los Gobiernos del Paraguay y de los Estados Unidos, que no fue sometido al Congreso, pese al art. 202, inc. 9, de nuestra Constitución, hoy llegaría un primer grupo de veinticinco latinoamericanos, de los cuales Paraguay objetó nueve, que se hallaban en centros de detención por haber ingresado a los Estados Unidos en forma irregular. A ellos podrían seguir otros en cada vuelo, por tiempo indefinido. La referida ampliación falla por su base: no puede tener vigencia efectiva, más allá de que sea o no conveniente para las partes. La tesis de que se trataría de un asunto meramente operativo es insostenible, pues el documento original y el ampliatorio debieron ser aprobados por los legisladores. Como no ocurrió así, el acuerdo resulta absolutamente nulo, aunque diga que “entrará en vigor en el momento de su firma”: los firmantes no pueden dejar sin efecto una norma constitucional, simplemente porque así lo quieren.
Por lo demás, todo ha sido tratado con extrema reserva, hasta el punto de que un pedido de informe a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), presentado el 17 de marzo por los diputados liberales Cleto Giménez, Del Pilar Vázquez y Dalia Estigarribia y aprobado el 31 de marzo, con respecto a la aplicación del “memorando de entendimiento” ampliado, fue respondido con el rotundo silencio. Recién anteayer, el encargado de negocios de la embajada norteamericana, Robert Alter; el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, y el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería y por ende presidente de la Conare, Carlos Vera, creyeron oportuno llamar a una conferencia de prensa. Por de pronto, los gastos de estadía de los refugiados, hasta tanto vuelvan a sus respectivos países, correrían a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, asociada a las Naciones Unidas. Serían “monitoreados” por la Policía Nacional.
Surge la pregunta de por qué Estados Unidos no los envió de vuelta a sus respectivas casas, sin recurrir a un tercer país como el nuestro, ya que no serían perseguidos políticos. Otra interrogante: ¿en qué consistiría la contraprestación del Gobierno estadounidense? Cuesta creer que el Paraguay sería beneficiado si se levantaran las sanciones impuestas a ciertos personajes “significativamente corruptos” y llama la atención que el canciller Rubén Ramírez haya acordado dejar de lado al Congreso, aunque esté bajo el control del cartismo.
Ya se verán las consecuencias de la ampliación del memorando de entendimiento. Por de pronto, Santiago Peña dijo días después del acuerdo que él no cree en “esa política transaccional: te doy esto y dame lo otro”, es decir, no pide nada a cambio de que el país acoja a los deportados, aunque insistió en que se les puede negar la residencia. Afirmó además que lo acordado es conveniente, sin dar ninguna razón; lo es para el Gobierno de Donald Trump, pero no así necesariamente para este país, del cual emigran no pocos compatriotas.
Llama la atención que, con algunas excepciones, los legisladores no le hayan mostrado mucho interés a este importante asunto tratado con tanta reserva. La opinión pública merece explicaciones: ¿por qué, entre otras cosas, se creyó conveniente ignorar la Constitución al firmar el documento de marras? Aparentemente, urgía ponerlo en vigor a toda costa, por motivos que se ignoran. Carlos Vera dijo que los visitantes a la fuerza estarán alojados en un hotel y “en libre tránsito, hasta que puedan regresar a sus países”. Pero al parecer irán viniendo otros grupos para descargar al país norteño, salvo quizá que se plantee una acción de inconstitucionalidad contra la vigencia irregular del documento en cuestión y la Corte Suprema de Justicia la acoja como es debido.
La hospitalidad paraguaya no debe ser objeto de un evidente abuso cometido por el Gobierno con el fin de dar el gusto a uno “amigo”, sin pedir nada a cambio, según el generoso Santiago Peña. El Paraguay, en fin, no debe servir como un recurso fácil para deshacerse de los inmigrantes ilegales que agobian a cualquier otro país. Ya es suficiente con los “ilegales” compatriotas, muchos de ellos instalados en la función pública.