El Índice de Precios al Consumidor creció 2,4% desde el último ajuste del salario mínimo, pero se concedería un incremento mayor, según declaró el viceministro Segovia, quien aseguró estar hablando en nombre del Gobierno, en vísperas de las internas partidarias para las próximas elecciones municipales. Dijo que el IPC debe ser considerado solo un “piso” de negociación, dado que el artículo 255 del Código Laboral establece que el reajuste se hará “sobre la base” de la variación interanual del IPC, no que deba ser exclusivamente de ese porcentaje. A ello añadió que “creemos desde el Gobierno que no es muy justo hacer un reajuste de menos del 3%”, como piden los gremios empresariales.
Lo que Segovia deliberadamente omite es que ese mismo artículo establece que el reajuste se hará sobre la base de “su impacto en la economía nacional”, y este no es precisamente un buen momento para elevar los costos salariales, no tanto en el sector privado, sino, muy especialmente, en el sector público, que nadie sabe cómo hará para cumplir la meta de déficit fiscal en 2026 y, mucho menos, cómo hará para financiar el presupuesto de 2027.
El problema de fondo del salario mínimo es que, en una economía como la paraguaya, caracterizada por una alta informalidad y un alto componente de trabajadores cuentapropistas y microemprendedores, el mismo le llega solo a una pequeña minoría de la fuerza laboral. Se estima que 344.000 personas cobran el salario mínimo en el sector privado, lo que representa apenas el 10% de la población económicamente activa. En contrapartida, la gran mayoría no accede a un salario formal, pero recibe el impacto en términos de aumentos de precios, multas, tasas, aranceles y otros.
Sin embargo, al margen de esa discusión, es de presumir que no es precisamente a esa minoría de trabajadores del sector privado a la que va dirigido el mensaje de Segovia en nombre del Gobierno, sino, indirectamente, a la masa de funcionarios públicos, que constituyen buena parte de la base electoral del Partido Colorado, sobre todo en las internas. Cabe señalar que Segovia es militante cartista de Coronel Oviedo, cercano a Silvio “Beto” Ovelar.
Si bien el reajuste del salario mínimo supuestamente no afecta al sector público, en la práctica sí lo hace, y de manera determinante, ya que históricamente se toma como base para la equiparación y aumento salarial de funcionarios estatales permanentes y contratados, policías, militares, gobernadores, miembros de juntas departamentales y empleados municipales para el año inmediatamente posterior, así como también para los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal.
Esto se presenta en un escenario muy complejo para el fisco. El Gobierno no está pudiendo cerrar los números debido a la caída de las recaudaciones (que podrían caer aún más si aumentan los costos de las empresas) y por las multimillonarias deudas vencidas con proveedores y contratistas, con el agravante de que en 2027 ya no habrá fondos extras de Itaipú, y esto sin considerar las repercusiones del volátil panorama externo.
En este contexto, lo lógico sería controlar al máximo el gasto público, sobre todo el gasto fijo corriente, pero ocurre todo lo contrario. El costo en servicios personales de la administración pública se incrementó 12,6% este año; el de jubilaciones y pensiones, 10,5%; y el del servicio de la deuda, 22,1%. Un ajuste alto del salario mínimo no hará más que agudizar la difícil situación, pero el Gobierno da señales de no querer pensar en el mañana. Parafraseando a Luis XIV, “después de las elecciones el diluvio”, parece ser la consigna de Santiago Peña.