Como bien se sabe, desde hace algunos años, el Paraguay ya no es solo un país de tránsito, sino también de consumo de drogas ilícitas, entre ellas el crack (“chespi”), un derivado barato y muy adictivo de la cocaína, ligado sobre todo al auge de la delincuencia juvenil, ya en gran parte del país. Solo unas pocas de las noticias publicadas al respecto en los últimos meses pueden ilustrar ese alarmante fenómeno: “Policía realizó una barrida contra chespis en Luque”; “Vinculan brutal crimen entre jóvenes en Guarambaré con el narcotráfico”; “En partida de truco, un adicto mata al vecino” (Saltos del Guairá); “Detienen a un maleante (presunto drogadicto) por el brutal ataque a una joven” (Capiatá); “Presunto narco muere infartado cuando comitiva policial ingresa a su casa” (Caaguazú). Repetimos, estas son solo unas pocas de las numerosas informaciones publicadas al respecto. Al parecer, poco resultado ha tenido el “Chau chespi” o “Chespi cero”, lanzado por el presidente Santiago Peña, que no ha pasado de ser un anuncio rimbombante, pues la proliferación de los adictos es notoria.
A tanto ha llegado el mercadeo de estupefacientes que hay sangrientas disputas territoriales entre jóvenes reclutados por grupos criminales. Más aún, según reveló el comandante de la Policía Nacional en 2025, decenas de agentes fueron apartados por haber sucumbido a su influjo. A principios de mayo último, otro fue separado preventivamente porque habría consumido un estupefaciente en una vía pública asuncena. Según parece, quienes deberían combatir al menos el “microtráfico” son seducidos no solo con el dinero sucio, sino también con el producto ilegal. Siendo así, es comprensible que los vecinos se quejen de la inseguridad causada por los “chespis”, que roban cualquier bagatela para financiar su adicción. Con frecuencia se publica hasta ataques de los “chespis” a sus familiares cercanos por no darles dinero para su vicio.
Hace casi un año, el viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Eduardo Escobar, mencionó el trágico caso de un niño de diez años que se volvió adicto porque su padre era narcotraficante. Dijo también que su organismo “trabaja” con la Policía Nacional y el Ministerio Público para “separar a los chicos, hacer un trabajo de recobrar los valores con ellos y luego ver si hay posibilidad de “revinculación con la familia nuclear o ampliada”. Los menores con adicciones serían desintoxicados en el Centro Nacional de Control de Adicciones para ser trasladados luego a los Centros de Rehabilitación del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Los resultados de dichas medidas, suponiendo que alcancen a gran parte de los afectados por drogas ilícitas, no son tan evidentes, ni mucho menos. Tampoco son evidentes los logros de la Secretaría Nacional de la Juventud y del Ministerio de Educación y Ciencias, que hace diez años crearon un “circuito de atención ante el consumo y/o presencia de drogas en instituciones educativas”. No faltan, pues, organismos que se ocuparían de la problemática en cuestión; lo que no existe, más bien, es la “voluntad política” de acabar con el flagelo o al menos de reducir notablemente su impacto en la sociedad.
Las reiteradas quejas de la población con respecto a la inseguridad causada por los “chespis”, son absolutamente comprensibles. Esos drogadictos juveniles ya forman parte del paisaje urbano, donde serían unos 90.000. Ya no solo abundan en el área metropolitana de Asunción sino en las más diversas localidades. Se ha llegado a publicar que incluso entre nativos del Alto Paraguay proliferaban el alcoholismo y la drogadicción. Es notorio que las autoridades mucho se preocupan –y eso está bien– de la droga que entra y sale del país, pero no le están dando importancia a la aparentemente enorme cantidad que está quedando en nuestro propio país para su consumo.
Tal como están las cosas, es presumible que la situación empeore aún más y que muchos ciudadanos de bien caigan en la tentación de actuar por cuenta propia contra los drogadictos. Hay que evitarlo, potenciando los órganos encargados de prevenir el consumo de los estupefacientes ilícitos y de recuperar a las víctimas, en beneficio de ellas mismas y de la sociedad toda, antes de que sea demasiado tarde.