En los últimos días, Paraguay ha vuelto a mirarse al espejo y lo que refleja es vergonzoso. Un audio filtrado desnudó al senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) prometiendo contratos en Itaipú a cambio de lealtad política. “En un segundo te voy a resolver”, le dijo al operador Osvaldo Sánchez, mientras su propio hermano, Justo Zacarías Irún, dirigía la binacional. No es un desliz. Es el método. Y lo más grave no es el audio en sí, sino la reacción de los que mandan: lo normalizaron sin pudor.
El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), descartó de plano cualquier posibilidad de pérdida de investidura. Según él, “todos los legisladores hacen este tipo de gestiones” y que el dirigente favorecido ya había recibido prebendas en el Gobierno anterior. Es decir: no es delito, es costumbre.
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, fue más lejos (o más bajo) aún: normalizó la situación, al señalar que “es lo que normalmente ocurre con la dirigencia” y que resulta “lógico” que les pidan los mejores cargos en Itaipú. De esta forma, para Chase, lo que parece ser un tráfico de influencias no es un crimen; es el pan de cada día de la política paraguaya.
Es útil recordar a Núñez y Chase algo que parece olvidaron: NO están sentados en esas bancas para hacer favores a “los suyos”. No son gerentes de una empresa familiar ni capataces de un feudo político. Son servidores públicos. Su sueldo, su poder y su investidura provienen del bolsillo y la confianza de todos los paraguayos, no solo de los militantes colorados que les llevan votos o les exigen prebendas.
Cuando convierten Itaipú -o cualquier institución del Estado- en un botín para repartir entre operadores políticos, están cometiendo tráfico de influencias puro y duro. Y cuando lo hacen en los hospitales, en los ministerios, en las gobernaciones o en cualquier dependencia pública, el daño es aún más obsceno: puede suponerse que dejan sin atención, sin medicamentos, sin turnos o sin oportunidades a quienes realmente lo necesitan, para dárselas a quien “trabajó políticamente” o pertenece al clan.
Eso no es gestión. Es clientelismo descarado. Y el clientelismo es la herencia más venenosa del stronismo. Durante la dictadura, Stroessner convirtió el Estado en una máquina de lealtades: un puesto a cambio de silencio, un favor a cambio de sumisión, un contrato a cambio de adulación. Terminó la dictadura formal, pero el modus operandi quedó intacto.
Hoy, disfrazado de “tradición colorada” o de “gestión política normal”, sigue vivito y coleando en el Congreso, en el Ejecutivo y en cada rincón donde el Partido Colorado ejerce el poder como si fuera propiedad privada o un quincho dominguero.
Y aquí viene lo más triste: el propio presidente de la República, Santiago Peña, ha dado señales inequívocas de que este modelo no le molesta. En su informe de gestión ante la ANR, Santiago Peña fue claro: “El Partido y el Gobierno están juntos y unidos y caminando juntos para dar mejores días a los paraguayos. El Partido Colorado está en el poder y el poder en el Partido Colorado”. En otro discurso, insistió: “La permanencia del coloradismo en el poder está plenamente justificada” y que “hay coloradismo para rato por el bien del Paraguay”.
Cuando Peña dice que “el poder está en el Partido Colorado”, está admitiendo que no gobierna para todos los paraguayos, sino primero y principalmente para los suyos. Cuando celebra la permanencia del coloradismo como un fin en sí mismo, no está emulando a un filósofo contemporáneo sino que está diciendo que el Estado sigue siendo un instrumento partidario y no un bien común.
Esas frases resuenan como una confesión: el Gobierno no es neutral, es colorado. Y mientras sea colorado de esa manera, seguirá siendo stronista en los hechos.
Paraguay no puede seguir así. No se puede seguir tolerando que un senador prometa cargos públicos como quien reparte caramelos en una campaña. No se puede aceptar que el presidente del Senado y el líder de la bancada oficialista llamen “normal” a lo que parece ser tráfico de influencias. No podemos seguir permitiendo que el clientelismo mate la meritocracia, que la lealtad partidaria suplante la necesidad ciudadana y que los hospitales, las escuelas y las binacionales se conviertan en moneda de cambio electoral.
De manera firme y sostenida, la ciudadanía debe demostrarles a estos personajes, con firmeza, dentro de la ley, que ya no está dispuesta a aceptar tantos abusos. Debe decirles: ustedes no están allí para sostener el feudo. Están allí para servir al país entero, sin distinción de camiseta, sin pedir carnet partidario, sin preguntar a quién le deben favores. El que no entienda eso, que se vaya. Porque Paraguay ya no aguanta más esta herencia podrida del pasado.
El stronismo no murió en 1989. Se disfrazó de democracia y se enquistó en las prácticas cotidianas del poder. Desenmascararlo, denunciarlo y combatirlo no es golpismo ni odio partidario. Es patriotismo elemental. Es exigir que el Estado deje de ser botín y vuelva a ser de todos. Porque un país que normaliza el clientelismo es un país que se condena a la mediocridad eterna. Y Paraguay merece mucho más que lo que ofrecen Núñez, Chase, Zacarías y Peña.