A instancias del Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2026”, que limita la adquisición de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y “nuevas inversiones no prioritarias”.
En rigor, el Gobierno no necesita un decreto para controlar los gastos superfluos del Estado, sino asegurarse de que todas sus dependencias se manejen con criterios de racionalización y ahorro, cuidando el dinero de los contribuyentes, cosa que, claro está, no ocurre. Pero, en cualquier caso, el Decreto 6120 dista muchísimo de instaurar la “economía de guerra” de la que se habló hace dos meses.
Para empezar, el decreto expresamente prioriza las “áreas esenciales”, con lo que, en la práctica, excluye de sus disposiciones a los “bienes y servicios vinculados a la salud pública, la seguridad, los programas sociales y la educación”, que componen más de dos tercios del total del presupuesto.
En segundo lugar, el decreto se refiere específicamente a medidas aplicables a la adquisición de equipos de oficina y computación; medidas aplicables a bienes de consumo y equipos de oficina; medidas aplicables a ceremonial, catering y eventos; y medidas aplicables a la adquisición de inmuebles, tierras y nuevas inversiones. Todo cuenta, pero es evidente que ahorrando en café, bocaditos, papelería, escritorios y poco más no se va a tapar el enorme agujero en las finanzas públicas.
Lo que necesita el Estado paraguayo en las actuales circunstancias es un ajuste en serio, y para ello hay que avanzar realmente sobre las grandes áreas del gasto. Una es la de servicios personales. Perdida la oportunidad de contener el galopante déficit de la Caja Fiscal, cuyo saldo rojo ya supera al de todo 2025, es necesario cancelar drásticamente las contrataciones y suspender cualquier aumento salarial, así como las bonificaciones, que consumen alrededor del 30% del gasto en personal. Nada de esto se está haciendo. Todos los días salen nuevos decretos de nombramientos y ascensos y, que se sepa, no se han restringido las remuneraciones extraordinarias.
La otra gran área es justamente la de los servicios sociales, que no están debidamente focalizados, por lo que constituyen una carga insostenible para el fisco. Adultos mayores, Tekoporã, Hambre Cero, todos estos programas y varios otros deben ser profundamente reformulados para que se circunscriban estrictamente a los sectores más vulnerables.
Pero el Gobierno y el oficialismo no quieren ninguna medida impopular en tiempo electoral, por lo que no se puede esperar una reducción sustancial del gasto público. En cambio, para regularizar atrasos con proveedores y contratistas, que superan los 1.300 millones de dólares, sin considerar el IPS, propone un plan de canje de deuda con el sector financiero que ni conforma a los acreedores ni resuelve el problema de fondo, apenas si lo posterga parcialmente y por corto tiempo.
El sector farmacéutico, por ejemplo, al que se le deben más de mil millones de dólares, señaló a través de sus gremios que las medidas anunciadas no alivian en nada la crisis, no alcanzan a la mayoría de los afectados y agrava una deuda histórica “que no existió en ningún otro Gobierno”, según declaró Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos y Afines.
En paralelo, y no menos grave, hay que enfrentar la espinosa cuestión del inocultable maquillaje de la contabilidad estatal. El Gobierno sigue afirmando que cumplirá este año la meta de volver al tope del 1,5% del PIB de déficit fiscal, pero no engaña ni a propios ni a extraños. Los analistas más optimistas hablan de un déficit del 2,2% del PIB para el año en el mejor de los casos, y si se incluyen las deudas vencidas, como corresponde, se iría al 5% o hasta el 7% del PIB, casi el doble de cuando comenzó esta gestión.
Con parches, bicicleteos, mentiras y excusas no se va a solucionar el problema. Santiago Peña se tiene que poner personalmente al frente de la crisis, sincerar las cuentas, aceptar responsabilidades y consecuencias, y exponer ante la población y la comunidad internacional planes viables y creíbles para salir del atolladero.