Como regla, no debería haber subsidios públicos para la actividad económica privada. Si un bien o servicio no se puede producir de manera rentable a precios reales, no corresponde que sea el Estado el que cubra la diferencia, porque ello genera distorsiones en la correcta asignación de recursos en la economía y provoca injustas transferencias de una parte de la población a otra, por lo general de una mayoría a una minoría, amén de ventajas desleales frente a potenciales competidores. La excepción a la regla es la existencia de otros beneficios tangibles o intangibles que compensen con creces a la sociedad, pero esto no basta decirlo, hay que probarlo con números, desde todos los puntos de vista y sin sesgos.
Tanto los inversores, representados en Paraguay por el exdirector de Itaipú James Spalding, como altos exponentes del Gobierno, como el ministro de Industria, Marco Riquelme, y el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, afirman que no se trata de un subsidio. Entre otras consideraciones, subrayan que la futura planta se conectará directamente a la red de 220 kV, con lo cual prácticamente se eliminan las pérdidas de distribución de la ANDE incluidas en el cálculo en su tarifa mínima, estimadas en un 28%. Spalding señaló que está prevista la adecuación de la subestación Buey Rodeo a cuenta de la compañía, así como la construcción de una subestación propia, con lo que los 30 dólares serán casi sin pérdida para la ANDE y estarán por encima de su costo, calculado en unos 28 dólares el MWh. Además, desde 2027 se reducirá la tarifa de Itaipú, con lo cual el costo de adquisición de energía será aún menor para la compañía estatal.
Sin embargo, como personas de negocios saben muy bien que no se puede dejar de contemplar el costo de oportunidad, que es lo que el país dejaría de obtener por la energía que se comprometería a largo plazo a ese bajo precio. Como mínimo, el costo de oportunidad es igual a la tarifa de Itaipú, más 12 dólares por MWh que Brasil paga actualmente como compensación por cesión de energía, más la transmisión y las utilidades. En realidad es mucho mayor, porque Paraguay podría obtener un precio de mercado muy superior por sus excedentes energéticos, tanto a nivel interno como regional.
Considerando el costo de oportunidad, como corresponde, difícilmente se pueda sostener que 30 dólares el MWh durante diez años no constituya un subsidio. Resta saber, entonces, si los beneficios asociados al proyecto son suficientemente compensatorios. Se habla principalmente de generación de empleos y sustitución de importaciones, teniendo en cuenta que, como país agropecuario, los productores locales serían los primeros clientes de la fábrica. En cuanto a lo primero, esta no es una industria intensiva en mano de obra, por lo que hay que calcular los empleos indirectos y los temporales durante la construcción. En cuanto a lo segundo, habrá que ver la competitividad frente a los fertilizantes de China, el principal proveedor.
También hay que tener en cuenta otros elementos a favor, como generación de divisas por exportación, pago de impuestos al fisco, transferencia de tecnología, capacitación y oportunidades para jóvenes paraguayos, desarrollo de infraestructura, crecimiento del PIB, mejora en la balanza de pagos, así como también más elementos en contra y riesgos, incluyendo el antecedente para otras electrointensivas de este u otro sector que operen o busquen instalarse en el país y reclamen un trato similar.
Paraguay lleva décadas malvendiendo su energía a sus dos grandes vecinos. Se suponía que, 53 años después de la firma de los tratados de ambas binacionales, con la central de Itaipú ya totalmente amortizada, el Gobierno se concentraría en sacar el máximo provecho para el país de la explotación de sus recursos energéticos naturales. Si no demuestra fehacientemente, con estudios previos, que la tarifa que está ofreciendo es realmente conveniente para el país, lo que está proponiendo a los paraguayos no es otra cosa que cambiar a un mal comprador por otro.