El básico mensual para actividades diversas no especificadas subirá 144.952 guaraníes, de 2.899.048 a 3.044.000 guaraníes, a partir de julio. Es un 5% frente a una variación del Índice de Precios al Consumidor del Banco Central del 2,4% desde el último ajuste, con lo cual el incremento decretado es de unos 75.000 guaraníes por encima del que habría correspondido considerando la inflación interanual media.
Está claro que 75.000 guaraníes no hacen una gran diferencia para un trabajador formal. De hecho, las centrales obreras pretendían un 20% y calificaron la medida como “una estafa”. En contrapartida, causa perjuicios para los trabajadores informales, cuentapropistas y microemprendedores, que componen la enorme mayoría de la fuerza laboral paraguaya, quienes no acceden al incremento, pero pagan las consecuencias en términos de suba de precios, como también de multas, tasas y aranceles.
Se estima que unas 344.000 personas cobran el mínimo en el sector privado, lo que representa apenas un 10% de la población económicamente activa, y aun son menos los que recibirán efectivamente el aumento, dado que muchos están en un área semiformal, en comercios, talleres, gastronomía, construcción, transporte y otros.
Algunos sostienen que los salarios tienden a converger de todos modos con el mínimo, pero eso depende de otros factores, especialmente de la oferta y la demanda y del desempeño de la economía. Entretanto, si la brecha entre lo que se paga en la práctica y el salario mínimo se ensancha mucho, lo más probable es que se genere un incentivo para contratar en negro, lo que también tiene un impacto en los aportes a la seguridad social.
Desde el punto de vista de las empresas, se tiende a pensar que ricos empleadores se oponen al aumento por mezquindad o egoísmo, pero lo cierto es que a las grandes compañías, que por lo general suelen pagar mejores sueldos, salvo que sea en sectores muy intensivos en mano de obra, el ajuste del salario mínimo no les afecta demasiado. En cambio, a las micro y pequeñas empresas, que en el Paraguay son el 95%, les impacta fuertemente. Ello las obliga necesariamente a trasladar el sobrecosto a los precios, lo que significa que el que paga el ajuste no es el empleador, sino el consumidor. También se pueden ver constreñidas a realizar parte o todas sus operaciones en la informalidad, pagar a destajo o arreglarse con menos trabajadores.
Otro efecto a tener en cuenta es la repercusión en las finanzas públicas. Si bien los funcionarios no están directamente vinculados al salario mínimo, el ajuste anual para el sector privado es tomado históricamente como referencia para equiparación y aumento salarial en el sector público. En pocas semanas comienza la elaboración del Presupuesto 2027 y este 5% decretado supondrá fuertes presiones para hacer lo propio en el Estado, justo en momentos en que el fisco atraviesa serias dificultades para cumplir sus compromisos. Ello también ahondará la crisis de la Caja Fiscal, cuyo déficit a esta altura del año ya supera al de todo 2025.
Finalmente, preocupa el antecedente. El salario mínimo ha estado tradicionalmente indexado a la inflación, lo que en sí mismo tampoco es muy recomendable, pero que era un elemento de previsibilidad en la economía y en las empresas. Por primera vez se rompe esa práctica y se introduce un factor de discrecionalidad que, en manos de políticos populistas, podría tener consecuencias negativas en años venideros.
Si Santiago Peña quiere mejorar su imagen, lo que debe hacer es gobernar con firmeza y responsabilidad en atención del interés nacional sobre cualquier consideración sectorial o electoral. Con esta medida, una vez más, da muestras exactamente de lo contrario.