En setiembre de 2023, poco antes de ser defenestrado, el entonces gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), el Dr. Carlos Morínigo, dijo que la entidad era “un barco hundido” y, empleando otra figura, que se estaba tratando de “reanimar a un muerto”. Agregó que el mayor problema para contratar más médicos era de orden presupuestario y que no se podía “continuar con gente ligada a hechos de corrupción”.
Hace unos días, y empleando otra figura, el Dr. Isaías Fretes, nuevo presidente del Consejo de Administración, afirmó que “esto, así como está, va camino al precipicio” y que se tenía “una deuda de 176.000 millones de guaraníes mensuales para pagar deudas de administraciones pasadas”. Se preguntó de dónde se iba a “sacar la plata” e informó que “se está sobreviviendo cerrando focos de corrupción, fugas y malgastos”, pero también que se precisaba una “reingeniería financiera” porque “ivai la ore porte” (nuestra situación es fea). El IPS se habría endeudado hasta un punto que él no podía entender, según dijo. Y bien, la explicación tendría mucho con que allí se viene privatizando el dinero público desde hace décadas, hasta el grotesco extremo de que, bajo la dictadura, un presidente del Consejo de Administración haya nutrido a sus cerdos a costa de los aportantes.
Hasta hoy, siguen impunes los delitos cometidos, por ejemplo, presumiblemente amañando licitaciones a cambio de la contraprestación delictiva. En contrapartida, y a pesar de las barbaridades que han venido saliendo a luz desde hace ya varios años, no se conoce el caso de un jerarca que haya sido condenado por haber delinquido en el ejercicio del cargo. Excepcionalmente, en 2024, un exfuncionario fue condenado a dos años de prisión, con suspensión a prueba, por haber exigido un soborno de dos millones de guaraníes para agilizar un trámite jubilatorio: una minucia, en términos relativos. Ciertamente, hoy están encausados los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Magno Brítez: el primero es investigado por el presunto desvío de más de 1,6 billones de guaraníes, entre 2022 y 2023, tras una denuncia del IPS; el segundo está bajo pesquisa, junto con el exgerente de Abastecimiento y Logística Jaime Joel Caballero, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y malversación, tras una denuncia presentada por dos abogados: están en juego 391.000 millones de guaraníes.
Ya están sometidos a proceso, por el presunto delito de estafa, veinte exfuncionarios que, aunque cueste creerlo, habrían vendido cargos y recategorizaciones por entre 1,5 y 15 millones de guaraníes, según el caso. Desde luego, sería muchísimo más elevado el número de fechorías rutinarias que pasan desapercibidas: la impunidad es la regla, en todos los niveles administrativos. Es curioso que, hasta la fecha, ni un solo miembro del Consejo de Administración, sin cuyo consentimiento no se podrían haber perpetrado ciertas ilicitudes graves, haya sido al menos encausado; también lo es que las organizaciones de empleadores y de trabajadores no se muestren interesadas en controlar el desempeño de sus representantes, como si estos tuvieran carta blanca.
Por cierto, la horrenda crisis financiera del IPS también resulta del derroche. El Dr. Isaías Fretes ha brindado ejemplos: removió a tres asesores porque se compraban en vano 916 insumos quirúrgicos y 23 remedios, mientras faltaban otros que eran necesarios; en 2024, se adquirieron miles de bolsas pediátricas para utilizarlas durante más de siete años, aunque solo había diez niños que las necesitaban y la vida útil de dichos insumos no superaría los tres años: “se van a pudrir”, dijo el presidente del Consejo de Administración. En ese mismo año, la Contraloría General de la República detectó que el Consejo de Administración había destinado casi 5.000 millones de guaraníes al pago de bonificaciones ilegales para los altos jefes y 34.706 millones de guaraníes al de los salarios de 624 médicos, enfermeros y técnicos, cuyos registros profesionales habían vencido. Según los contratos con empresas tercerizadas de limpieza, un trabajador gana hasta 9,5 millones de guaraníes al mes, pero se denunció que algunos hasta cobran menos que el salario mínimo legal
Ahora la nueva administración del IPS constató, tras analizar diez de los 700 inmuebles del IPS, que algunos están abandonados y con grandes deudas tributarias, en tanto que otros están ocupados, pero sus inquilinos, entre ellos funcionarios del IPS, deben el arriendo: “Tenemos tantas propiedades que no aportan un guaraní y hay que pagar”, se dijo en el Consejo de Administración. Como si todo esto fuera poco, a inicios de este mes se supo que una auditoría interna de 2024 descubrió que el aporte adeudado por 59 empresas fue borrado del registro, lo que supuso un daño patrimonial de 7.600 millones de guaraníes: se anunció una denuncia penal.
De este somero repaso de una pésima gestión administrativa se deduce que la debacle financiera del IPS deriva de la corrupción impune, el derroche irresponsable y la negligencia culposa. Mientras las autoridades y los subalternos no sean honestos, idóneos y diligentes, el IPS seguirá en las mismas, es decir, condenando a los asegurados al calvario de buscar remedios por su cuenta, al riesgo de sufrir una “muerte evitable” o al dolor de sentirse estafado. El saneamiento del IPS, que el actual presidente del Consejo de Administración estaría emprendiendo, es una de las más relevantes tareas de hoy, que debe merecer el apoyo de todos.