En el Instituto de Previsión Social (IPS), la mala praxis administrativa es tan grosera como la médica. En marzo, una auditoría de la Superintendencia de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, constató, en sus palabras, una “muerte evitable”. Es que en enero, un paciente falleció en el Hospital Central al no ser atendido a tiempo, pues el infarto que sufrió no fue estimado como un caso urgente. Además hubo negligencias burocráticas, como el tardío inicio y la parálisis de la licitación para contratar el cuidado de los equipos a ser empleados, tras haber vencido el anterior acuerdo. Y bien, desde que el Dr. Isaías Fretes preside el Consejo de Administración del ente, se suceden los hallazgos que revelan, por si aún hacía falta, una desastrosa situación que exige tomar prontas medidas de fondo y que tienen que ver con la negligencia, la indiferencia y la corrupción.
Según se recordó hace unos días, la dejadez llegó al extremo de que equipos para quirófanos modulares, valuados en unos 20 millones de dólares y adquiridos bajo la gestión de Andrés Gubetich y de Vicente Bataglia, habían sido abandonados al aire libre en el patio del Hospital Central, en agosto de 2023 (!) –a días de asumir el actual Gobierno, y con él Jorge Brítez al frente de la previsional–, debido a problemas estructurales del edificio donde debían instalarse. El nuevo titular del IPS tampoco solucionó los problemas mencionados para la instalación, y los equipos continúan tirados entre el patio y los depósitos. Algunos de ellos fueron retirados por la firma proveedora Neightpart SA, luego de que, en septiembre de 2023, el IPS haya denunciado ante el Ministerio Público el abandono de los equipos. Se ignoran los resultados de la iniciativa. Y aquí se presenta el verdadero problema: se denuncian y se denuncian los hechos, se abren sumarios, interviene alguno que otro fiscal, pero los resultados nunca se conocen. De este modo, se repiten las irregularidades y los hechos delictivos, pues no se aplica castigo alguno a los responsables. Según el Dr. Isaías Fretes, “este tipo de tecnología médica se destruye si no se usa (...) 20 millones de dólares están en el lugar donde no deben estar”. Por su parte, los consejeros verificarán esta semana el estado de los equipos, para lo cual abrirán los contenedores.
Lo acontecido es una indignante muestra más de que en la entidad previsional la negligencia culposa está a la orden del día, junto con la corruptela y el derroche. Hay asegurados que pierden la vida porque su dinero se roba o se derrocha con desparpajo, desde hace largas décadas: los Gobiernos vienen y van, pero allí sigue la basura que el IPS apenas esconde bajo la alfombra, porque la impunidad penal o administrativa es la regla: no hace falta ingeniarse mucho para encubrir las canalladas de siempre.
Por lo demás, lo que hace falta también es buscar alternativas, recordándose, entre otras cosas, que el art. 95 de la Constitución dice que “los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado”. Es decir, aunque el sindicalismo discrepe, el IPS no debería seguir ejerciendo de hecho un monopolio en cuanto a la protección en forma de asistencia médica a los trabajadores en relación de dependencia y a sus familias, entre otras prestaciones. La posibilidad de elegir tiene que dejar de ser un tabú: los obreros deben poder optar para no seguir condenados a sufrir, inevitablemente hasta hoy, las iniquidades de esa entidad previsional.
Por de pronto, es deseable que el Dr. Isaías Fretes siga bregando contra ciertas lacras de conocimiento público, que no surgieron recién en 2023. Para ello, es necesario también que los gremios de empleadores y de trabajadores se ocupen mucho más de cerca del desempeño de sus respectivos representantes en el Consejo de Administración del IPS: hasta ahora y por regla general, estos no han sobresalido por defender con vigor los legítimos intereses de sus representados, sino que más bien han venido cooperando, por acción u omisión, en los desmanes de los sucesivos presidentes y representantes ministeriales.
Aparte de las malversaciones y de los despilfarros, la flagrante indolencia, que ilustran el caso del paciente que falleció por no haber sido operado oportunamente y el de los costosos equipos abandonados, atenta lisa y llanamente contra el derecho a la vida de los asegurados. En resumen, hay que poner fin a la impunidad reinante, apelando con todo rigor a la ley penal para impedir que se siga poniendo en serio riesgo a los asegurados y sus familias.