Otros edificios públicos, como los ubicados en el Puerto de Asunción, inaugurados en abril de 2023, aún no fueron ocupados en su totalidad por funcionarios, ya que seguían siendo equipados a través de Itaipú. Algunos inclusive carecen de provisión de agua, mientras que también se reporta una infestación de cucarachas.
Por cierto, si en 2021 el gasto público en arrendamiento de oficinas y edificios llegaba a unos 187.750 millones de guaraníes, tres años más tarde era más de 200.409 millones, seguramente porque algunas obras quedaron en el camino y el dinero público en el basurero. Los citados ejemplos de negligencia estatal, a los que podrían sumarse muchísimos otros relativos a obras de infraestructura y a equipamiento, sirven para ilustrar uno de los males de nuestra burocracia: el grosero despilfarro, que se agrega a la corruptela y la negligencia, sin perjuicio de que se combinen en un mismo servidor estatal. Según el art. 10 de la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, uno de los principios rectores de la primera es la eficiencia y eficacia: “se buscará el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales, mediante la utilización de los recursos públicos que sean estrictamente necesarios y de la manera más eficiente posible”. En la práctica, este principio es letra muerta, porque no se premia la “eficiencia y eficacia”, ni se castiga su falta. Da lo mismo: en última instancia, todo dependeria de algún “padrino” con fueros.
El Congreso debe abstenerse de dar rienda suelta al derroche, al sancionar el Presupuesto nacional. Como es obvio, tal vicio no solo se manifiesta cuando se dejan obras públicas al abandono, sino también cuando la ley autoriza gastos superfluos. Nadie ignora que los legisladores no son precisamente muy austeros a la hora de darse ciertos gustos, como el de viajar al exterior con todos los gastos cubiertos por los contribuyentes, para asistir a un evento en algún lugar turístico. Ya es conocido el caso de las remuneraciones adicionales y no solo para los presidentes de ambas Cámaras del Congreso.
De hecho, los parlamentarios, que deberían tener sumo cuidado con el dinero de sus representados, son bastante manirrotos al instalar en el Poder Legislativo a sus respectivas clientelas y parentelas: tienen nada menos que 4.203 funcionarios y contratados, lo que sin duda supone un despilfarro colosal. En 2020 y solo debido a la pandemia, los susodichos sancionaron una normativa para “establecer medidas de racionalización de las compras y contrataciones superfluas, fijar topes a las remuneraciones asignadas al funcionario público, y establecer otras medidas orientadas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos”.
Dicha ley nunca ha tenido una vigencia efectiva, pero sirvió para dar una buena impresión a la ciudadanía, como si el coronavirus hubiera sido necesario para evitar lo que el sentido común y la honestidad exigen: cuidar de lo mejor el dinero de todos. Siguen abundando los gastos superfluos: los mayores corresponden al pago de los sueldos de los excesivos 345.646 funcionarios actuales, a los que se agregan unos 50.000 contratados. Habiendo tantas carencias en la salud y en la educación públicas, entre otras áreas, se dilapida el dinero de los contribuyentes a diestra y siniestra, por obra de ambos poderes políticos y de los jerarcas de la burocracia, sin que la Contraloría General de la República alce la voz con la frecuencia e intensidad debidas.
Queda el recurso de que la sufrida población, al denunciar algún pésimo servicio público, haga lo mismo con respecto al malgasto del fruto de los impuestos que abona. Esta repudiable práctica contribuye a las privaciones, sin que los impúdicos responsables reciban tan siquiera una sanción moral: no basta con que los ladrones puros y duros vayan a la cárcel. Las normativas que prohíben las erogaciones innecesarias deben ser rigurosas y acarrear consecuencias para sus autores. Basta de engaños.