Dentro de sus respectivas competencias, ambas instituciones deben actuar de oficio, esto es, por propia iniciativa, cuando tengan conocimiento a través de noticias periodísticas, entre otros medios, de presuntos hechos de acción penal pública: es innecesario que las víctimas directas de las fechorías las denuncien formalmente para impedir que alguna vez el dinero público siga siendo defraudado y a la vez lograr la sanción judicial de los eventuales culpables. De hecho, tampoco lo han impedido las auditorías internas, la Junta Municipal y el Consejo de Administración del IPS. En el primer caso, la mayoría de los ediles ha estado consintiendo o hasta participando en las fechorías del intendente de turno, aprobando sus balances generales, mientras los consejeros del IPS, que lo dirigen y administran, han estado haciendo lo mismo durante años, ante el silencio habitual de las organizaciones sociales que representan.
La Municipalidad de Asunción, cuyo desastroso desempeño se refleja en calles y plazas abandonadas, así como en los basurales omnipresentes y en las obras pluviales inconclusas, arrastra una deuda de unos 328.000 millones de guaraníes, aparentemente generada por la corrupción, el derroche y el prebendarismo. Según el jefe de Gabinete, Máximo Medina, no puede saldarla porque la recaudación es insuficiente. Puede pensarse que para salir de la bancarrota, es necesario dejar de malversar con entusiasmo y de alimentar al personal superfluo. En el Palacete Municipal se delinquiría en gran escala. Una de las últimas denuncias, hecha por dos candidatos a concejal y de la que el Ministerio Publico debe tomar nota, alude a un faltante de al menos 5.000 millones de guaraníes en lo recaudado por la realización de “megaespectáculos”. Por su parte, en el Mercado Municipal N° 4 y en la Policía Municipal de Tránsito se pagarían sobornos y “cánones informales”, lo que no debería sorprender a los agentes fiscales. Lo que ahora corresponde es que obren en consecuencia. Lo mismo debe ocurrir, dicho sea a modo de ejemplo, en el caso de la primera denuncia presentada, el 15 de julio, por la actual administración del IPS, referente al robo de cables por valor de 15.000 dólares.
Mientras reine la impunidad acostumbrada, los delincuentes que ejercen un cargo público seguirán agrediendo al país, en beneficio propio. Aplicando la ley, el Ministerio Público y la judicatura cumplirán con su obligación de actuar en defensa del interés general. La Defensoría del Pueblo no solo debería estar a cargo del órgano así llamado que, por cierto, poco se hace oír en pro de los vecinos de Asunción y de los asegurados del IPS, sometidos a graves y variadas vejaciones. La vida, la libertad y los bienes de las personas deben ser protegidos por el Estado. Si, pese a las medidas preventivas, ellos son violados, los responsables deben sufrir el condigno castigo previsto en la ley. Mientras la regla en el ejercicio de la función pública sea la impunidad, la corrupción y el despilfarro seguirán estando arraigados.
Lo antedicho es una obviedad que no está de más señalar, pues las ilicitudes se han hecho costumbre en las entidades públicas, precisamente debido a la impunidad: ni siquiera hay conciencia del delito, como si la malversación, entre otras calamidades, fuera una prerrogativa de quien ocupa un cargo. Para muchos, quien no se enriquece ilícitamente al ejercerlo, no sería más que un tonto. De lo que trata, ni más ni menos, es de que la ley penal tenga vigencia efectiva, “caiga quien caiga”.