Tras el mortal atentado contra un puesto policial de Canindeyú, el ministro de Defensa, general (R) Óscar González, afirmó que fue “un golpe fuerte a las fuerzas de seguridad”, que “al Estado paraguayo no se le puede agredir de esa forma”, que “lo ocurrido es muy fuerte para permitir la impunidad” y que “es un problema no solo de la Policía: es del Estado”. Siendo así, el problema concierne en primer lugar al presidente de la República, Santiago Peña, y al ministro del Interior, Enrique Riera, este último encargado de la seguridad interna. La brutal acometida de media hora, perpetrada por una veintena de atacantes bien armados que llegaron en dos vehículos, implicó un abierto desafío que debe ser respondido con prontitud y rigor, dentro del marco de la ley.
Sigue en duda la autoría de los tres asesinatos, de los incendios provocados y del robo de armas. Dado que el empleo de fusiles, de ropas de camuflaje y de botines militares excluye la intervención de meras pandillas, está de nuevo a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden frente al grupo terrorista EPP o a las bandas del crimen organizado, como la encabezada por el hasta hoy inhallable Felipe Santiago Acosta, alias Macho, dedicada al narcotráfico. Sus respectivos campos de operaciones se limitan sobre todo al norte de la Región Oriental, pero aún así está resultando muy difícil precautelar allí la seguridad, hasta el punto de que agentes policiales sean ultimados en su lugar de trabajo.
Los uniformados dan la impresión de no estar en condiciones de enfrentar ni a los unos ni a los otros, como bien debería saberlo el ministro del Interior. Para el general Alberto Gaona, jefe del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), es muy improbable que haya actuado el EPP, pues no emplearía escopetas ni tendría más de quince miembros. Resta entonces suponer que actuó la mafia de la marihuana, muy activa en Canindeyú, y preguntarse por qué la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dependiente de la Presidencia de la República, aún no ha podido desmantelarla, en colaboración con la Policía Nacional y del propio CODI. Juntas deberían constituir una fuerza formidable para actuar en un terreno no muy extenso y carente de zonas escarpadas, más aún considerando los modernos medios de detección de objetivos con que hoy cuentan los organismos de seguridad de cualquier país.
Empero, el ministro de Defensa también dijo que “varios grupos criminales operan en ese sector, entre narcotraficantes y grupos terroristas”, razón por la cual no se podría “confirmar ni desechar la intervención de uno de ellos”. Se ignoran las opiniones de los jefes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la República, y del Batallón de Inteligencia Militar. Solo se sabe que no lanzaron una voz de alerta porque les pasó por alto lo que se tramaba. Se puede dudar de la eficiencia de ambos, pero no así de la responsabilidad política del ministro del Interior: la inseguridad reinante, especialmente en Canindeyú, causó la muerte de dos agentes policiales –más un civil– y las heridas de un tercero, en el mismo asiento de sus funciones.
La penosa circunstancia se refleja en los numerosos titulares de prensa publicados solamente este año, referidos a dicho departamento: “El desgarrador relato del productor, víctima de varios atentados”; “Bomba desactivada en Canindeyú tenía siglas de terroristas del EPP abatidos”; “Familiares del sojero secuestrado en Canindeyú piden una prueba de vida”; “Imputan por sicariato a supuestos soldados de la banda de Macho”; “Sicario elimina a tiros a primos de supuesto narco”; “Guerra entre militares justo en un momento clave del secuestro de Almir”; “Matan a balazos a sojero brasiguayo y a un empleado en Corpus Christi”; “Confusa refriega entre agentes de Senad y la Policía en Corpus Christi” (!); “Sicario asesina a un policía en medio de decenas de personas en Saltos”. Insistiendo en que se trata solamente de algunos de los titulares publicados, se puede afirmar que ya son demasiados episodios graves que se vienen sucediendo, mientras el presidente Peña –al menos antes de su asunción del cargo– consideraba que en materia de seguridad estabamos a nivel de los países nórdicos, y el ministro Riera menciona estadísticas de disminución de delitos. Así, considerando estas posiciones de nuestras autoridades, es muy difícil que las cosas cambien para mejor, porque el primer paso para combatir una situación determinada es el reconocimiento de que el problema existe.
De lo que se trata, al fin y al cabo, es de la seguridad interna, que con toda notoriedad hace aguas por todos lados. Lo acontecido anteanoche debe ser la gota que colme el vaso de la paciencia del jefe del mismo Estado que viene siendo agredido, según el ministro de Defensa. Costaría creer que está por completo satisfecho con los resultados de la gestión de Enrique Riera.
Ya es hora de poner fin a la zozobra y no solo en Canindeyú, colocando la seguridad interna en mucho mejores manos. Es intolerable que también los agentes policiales sufran los efectos mortales de la ineptitud ministerial, sobradamente comprobada al cabo de casi tres años. El tiempo transcurrido basta para concluir que es necesario un cambio urgente, por el bien del país.