La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley presentado por seis diputados opositores, que elimina una ilegítima y absurda facultad otorgada a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial: cobrar por la tramitación de registros de conducir, pese a tratarse de una organización no gubernamental (ONG) –a la que ni siquiera están asociadas todas las municipalidades, sino solo 215 de las 263 existentes–, que se rige por el Derecho Privado, según sus propios estatutos.
Desde la década de 1960 y sin rendir las debidas cuentas, cobra diez mil guaraníes por cada tramitación, expedición y renovación anual de esos permisos: entre 2021 y 2025 recaudó solo en este concepto –ya que ingresa también por otros trámites– 138.385 millones de guaraníes, de los cuales se quedó con el 70%, pues el 20% de los cuales fue transferido a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y el 10% a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La Opaci no rinde cuentas a la ciudadanía acerca del destino íntegro de los fondos ingresados.
De hecho, opera como si fuera una entidad pública, pero se amparó en su carácter de ONG para negarse a responder a un pedido de informes de la Cámara Baja con relación a los salarios y las gratificaciones de sus autoridades, invocando las normas constitucionales sobre el “derecho a la intimidad” (!) y el “derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada”. La Opaci opera con fondos que los conductores están obligados a aportar, pero se niega a obrar con transparencia por ser una entidad privada: la anomalía es notoria. En 2019, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial reveló no haber recibido de ella unos diez mil millones de guaraníes que le habrían correspondido.
Por única y última vez hasta hoy, la Contraloría General de la República pudo auditar el ejercicio fiscal 2015, cuando la Opaci era presidida por Ricardo Núñez, hermano del actual senador y presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). En su informe final, emitido recién ¡siete años después!, se lee que detectó pagos irregulares en concepto de becas y de honorarios profesionales, de carga de saldo de teléfonos móviles ajenos a los fines de la entidad, de pasajes y viáticos sin reglamentación y de donativos sin rendiciones de cuentas: al 31 de diciembre del citado año, la Opaci no había transferido a las municipalidades 18.172 millones de guaraníes correspondientes a sus recursos genuinos. La CGR no ha creído oportuno volver a ocuparse de este engendro. ¿Cómo es posible tanta indiferencia de la Justicia ante lo que aparenta un robo descarado de fondos que, además, parecen provenir de un procedimiento de recaudación cuestionable?
En resumen, las autoridades de la entidad, hoy encabezadas por el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR, cartista), aparentemente gastaban el dinero público a su antojo, sin que el Ministerio Público se inmute: todo sigue igual. Es de temer que el cartismo, tan severo a la hora de perseguir a las ONG y a autoridades que le disgustan, vuelva a defender hoy lo que parece ser uno de sus cotos de caza predilectos. Resulta indispensable que esta entidad privada deje de ejercer funciones públicas: es una aberración que lo siga haciendo, gracias a la presunta protección gubernativa.
Esta “avivada” no debe seguir alimentando a políticos voraces ni a sus respectivas clientelas: es una vulgar tomadura de pelo que sirve para llenar faltriqueras, pero no para que la Opaci cumpla con sus fines estatutarios: promover la cooperación entre las Municipalidades y su coordinación con las entidades públicas, fortalecer la autonomía municipal, consolidar los principios democráticos y promover la participación ciudadana en la gestión municipal. Un enunciado pomposo, que, según aparenta, solo busca encubrir ambiciones infames, compartidas por “compañeros de ideales” confabulados y realizadas a costa de la ciudadanía toda. Es de desear que el Congreso ponga fin a esta ignominia.