El caso del Metrobús es el retrato más reciente y descarnado de esta dualidad. Durante años se investigó a Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas del Gobierno de Horacio Cartes cuando comenzó la fallida obra que costó al Estado decenas de millones de dólares y dejó cicatrices permanentes en la avenida Mariscal Estigarribia.
La Fiscalía, en un giro tan brusco como elocuente, terminó pidiendo –y obteniendo– el sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona y de la exviceministra Marta González.
Se argumentó que no hubo perjuicio patrimonial demostrable, que las obras avanzaron alrededor del 40% y que los pagos correspondían a lo ejecutado. Casi al mismo tiempo, el mismo equipo fiscal imputó a Arnoldo Wiens, el ministro que heredó el desastre y decidió finiquitar el contrato con Mota-Engil y demoler estaciones que ya no servían. ¿Qué pretendían sus acusadores? ¿Que continuara gastando dinero de los contribuyentes por una obra que, según advirtieron la prensa y especialistas desde un primer momento, sería irremediablemente inviable? ¿Un metrobús que sería movido a gasoíl, en un país que se jacta de tener abundante electricidad?
A Wiens se le atribuye lesión de confianza. Mientras uno sale limpio por la puerta grande, el otro es empujado hacia el juicio. Para la lógica ciudadana, la obra fracasó bajo una administración, y la responsabilidad penal se concentró en la siguiente. Pero la Justicia contempló a uno y cargó con todo el peso de la ley sobre el otro.
No es un caso aislado. El padre del exsenador Hernán Rivas, que también lleva por nombre Hernán Ysidro Rivas Román, intendente de Tomás Romero Pereira e investigado por presunta malversación de fondos públicos (tras allanamientos, denuncias de obras inexistentes o sobrefacturadas, balances rechazados), fue nombrado por decreto presidencial como miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
La misma dualidad aparece en el caso de Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez. Condenado a once años de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio, tras demostrarse el desvío de más de 42.500 millones de guaraníes de la Gobernación de Presidente Hayes –dinero público usado para deudas privadas, carreras de caballos y gastos de campaña, según el expediente–, obtuvo arresto domiciliario tras ofrecer una fianza millonaria. Desde su quinta organiza actos políticos, recibe a dirigentes y sigue influyendo. La condena existe en el papel; la ejecución real se diluyó. La mano dura se aplicó hasta la sentencia. Después, la contemplación tomó el control. Contemplación que claramente no alcanza a Juan Pueblo.
Mientras los poderosos negocian medidas alternativas, los ciudadanos comunes enfrentan otra cara de la misma moneda. Marcelo Manuel Romero, peluquero, pasó 22 meses en prisión preventiva por un robo agravado del que era inocente. La propia Fiscalía retiró la acusación al inicio del juicio oral.
El Estado fue condenado a indemnizarlo con más de 221 millones de guaraníes. Una docente pasó casi tres años encarcelada por la muerte de su bebé recién nacido; también fue absuelta y el Estado deberá pagar. Estos no son casos excepcionales: son la prueba de que cuando no hay poder político detrás, la prisión preventiva se convierte en pena anticipada y el error judicial se paga con años de vida.
La dualidad no es un accidente. Es un sistema. Cuando el imputado pertenece al círculo de poder o es funcional a él, aparecen las dilaciones, los sobreseimientos, las prescripciones, las fianzas y las medidas menos gravosas.
Cuando el imputado es un rival político, un disidente o simplemente alguien sin contactos, la Justicia se vuelve pronta, rigurosa y despiadada. Aprovechando para lucir las estadísticas de los informes de gestión. Lo que se oculta es que el mismo delito de lesión de confianza puede merecer el archivo o la persecución implacable según quién lo haya cometido. El mismo principio de proporcionalidad se estira o se contrae según el apellido.
Esta realidad desnuda al poder administrando el castigo como herramienta política. Es la corrupción más sofisticada: no la del soborno vulgar, sino la del control de los tiempos procesales y de las interpretaciones convenientes de la ley. Mientras un sector de la clase política se mueve con la seguridad de quien sabe que la ley es flexible para los suyos, el ciudadano común vive con la certeza de que cualquier error puede costarle años de libertad.
El final de esta historia no puede ser la resignación. Una democracia no sobrevive cuando la justicia tiene dos caras. No hay Estado de Derecho si la ley se aplica con contemplación a unos y con mano dura a otros. La verdadera reforma no pasa solo por más códigos ni por más fiscales.
Pasa por sacar de raíz la selectividad, por exigir que el mismo rigor que se aplica al que no tiene padrino se aplique también al que sí lo tiene, y por recordar que la Justicia que contempla a los poderosos y aplasta a los débiles no es tal: es complicidad disfrazada de toga.
Hasta que esa dualidad no se rompa, cada sobreseimiento selectivo y cada prisión injusta serán un nuevo ladrillo en el muro de la impunidad. Y el pueblo paraguayo seguirá preguntándose, con razón, si la balanza de la justicia está realmente ciega… o si simplemente sabe a quién mirar y a quién no.