El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, lanzó duras críticas a los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, en una sesión plenaria del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Afirmó, lisa y llanamente, que “hace veinte años que no cumplen la ley” de Universidades. Agregó que se les dieron tres años para adecuarse y piden otros tres años. Sostuvo que es mucho el daño que se causa a los alumnos cuyas carreras o títulos no están habilitados, y que no se sabe en qué condiciones están inscriptos los títulos. “No es justo que sigamos estafando a los jóvenes”, que “sigamos entregando títulos mau”, y que “no podamos dar explicaciones de lo que pasa dentro de nuestras universidades”, fueron otras preocupantes frases del ministro. Este aludió así hasta a graves delitos, como la estafa y la expedición de documentos de contenido falso. La cuestión entonces es, lisa y llanamente, que se sigue delinquiendo con toda impunidad, por la simple razón de que no se aplica el Código Penal.
Tampoco se aplica la Ley N° 4995/13, de Educación Superior, según la cual el rector universitario debe “ser de reconocida solvencia intelectual, ética, idoneidad y honestidad”, y exige que para enseñar es preciso tener, entre otras cosas, una “notoria capacidad científica, técnica o intelectual”, demostrada en un concurso público de oposición: otra letra muerta. Aunque sus títulos sean auténticos, algo que no debe darse por sentado, la idoneidad de muchos egresados dista mucho de ser admirable, como es de conocimiento público. Por su parte, la Resolución del Cones N° 166/15 prohíbe a las universidades habilitar, ofertar al público, disponer su apertura o poner en ejecución carreras de pregrado, grado y programas de postgrado, sin la aprobación de dicho organismo, presidido por el ministro de Educación y Ciencias.
Cabría preguntar, ¿cómo andamos en esta parte del cumplimiento de nuestras obligaciones, señor ministro? Porque varias de esas obligaciones señaladas son ignoradas olímpicamente, según se desprende de las propias palabras del titular del MEC. En efecto, la pavorosa crisis universitaria deriva de que muchas veces la ley no se cumple ni se hace cumplir. De poco o nada servirán los proyectos de ley en danza, mientras las normas vigentes sean papel mojado. La citada Ley N° 4995/13 dice que las universidades pueden ser intervenidas por haber ignorado sus disposiciones o las del Cones, por violaciones graves y repetidas de la ley o por el incumplimiento de normativas legales o administrativas que impida la normal dirección o arriesgue la seguridad, la dignidad y los bienes de las personas. La intervención, que el Cones puede disponer de oficio, podría llevar al cierre de una universidad.
Conviene recordar esas reglas porque el ministro afirmó también que es injusto que “no podamos dar explicaciones de lo que pasa en las universidades”. En realidad, sería muy fácil darlas: lo que ocurre es que la ley se vulnera con todo desparpajo, a vista y paciencia del órgano encabezado por el propio Luis Ramírez. ¿Cómo es posible que la educación terciaria esté siendo impartida, por así decirlo, sin previa habilitación y acreditación, ante la pasividad del Cones?
Según la Ley de Educación Superior, las universidades, tanto públicas como privadas, deben ser creadas por ley a propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso autorizará su funcionamiento, previo dictamen favorable y vinculante del Cones, fundado en un informe técnico de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). En consecuencia, puede afirmarse que la “estafa” de la que habló el ministro se viene perpetrando con la complicidad por omisión de quienes deben velar por el cumplimiento de la ley.
En vez de rasgarse las vestiduras, Luis Ramírez debería impulsar la intervención y eventual clausura de aquellas “universidades” ilícitas que recaudan dinero engañando a sus alumnos, como él mismo lo dijo. Se trata de una fechoría que también perjudica a todo el país, poniendo en peligro la vida, la libertad o los bienes de quienes tienen la mala suerte de ser atendidos por unos “profesionales” muy mal formados. Además, la desastrosa situación de nuestras universidades ha trascendido nuestras fronteras, transmitiendo una pésima imagen del país.
Al decir del propio ministro de Educación y Ciencias, “la sociedad hoy espera de nosotros otra conducta. Años de nada, años de una situación en donde no podemos saber ni siquiera si los títulos hoy tienen valor”. Gravísimo. Está todo dicho.