El último martes, sin previo dictamen de las comisiones asesoras, la Cámara Baja aprobó por unanimidad una iniciativa de ley del Poder Ejecutivo, que aprueba un contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para financiar, a un costo de hasta 36.800.000 dólares, la mejora y el mantenimiento del “Corredor de Integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste” del país, que incluye parte de los departamentos de Misiones y Ñeembucú. El proyecto –ya admitido con anterioridad por la Cámara Alta– fue sancionado por el Congreso “en tiempo récord”, según el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, oriundo de Pilar.
En julio, hubo opiniones encontradas entre diputados cartistas durante el estudio del proyecto de ley sobre el financiamiento de “programas de mejoramiento de la conectividad rural”, debido a que la mitad de los 75 millones de dólares previstos serían destinados a caminos del departamento de Caaguazú, cuna del senador Silvio Ovelar (ANR, cartista). Aparentemente, la disputa por llevar agua al propio molino, con fines políticos, supera a la necesidad de contemplar las necesidades de otras comunidades más necesitadas y abandonadas, que existen en nuestro país.
En ese sentido, es de lamentar que el Alto Paraguay siga postergado en cuanto a la infraestructura vial y de todo orden, presumiblemente por carecer de “padrinos” influyentes en los Poderes del Estado que aboguen por la solución de sus eternos problemas. Los que en el pasado y en la actualidad invocaron e invocan la representación de ese departamento más bien se preocuparon por su propio bienestar que atender las necesidades de sus abandonados coterráneos. En tal sentido, el peso político de su diputado José Domingo “Mino” Adorno (ANR, cartista) se enfoca más bien en ubicar a sus allegados, ya que consiguió nombrar en su despacho de la Cámara de Diputados a una de sus hijas, Silvana Busto Adorno, mientras en las últimas elecciones internas para los comicios municipales de octubre, el jefe de la oficina local del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Hugo Orlando García, fue cuestionado por asistir al acto proselitista de Silvana Fretes, pareja de Adorno. Por otra parte, el actual diputado está investigado por la fiscalía por obras inconclusas de su época de gobernador del Alto Paraguay, por un monto de 6.500 millones de guaraníes. Con este personaje, difícilmente ese departamento podrá salir del abandono.
A propósito, es de preguntarse si el gobernador del departamento de Cordillera, Denis Lichi (ANR, cartista), los diputados cordilleranos Hugo Meza (ANR, cartista), Roberto González (ANR, abdista), Graciela Aguilera (PLRA) y Carlos María López (PLRA), así como el intendente de Arroyos y Esteros, José Filippi (ANR, cartista), saben que en este último municipio existe una comunidad de unas 60 personas, llamada “Banco’i, carente de los servicios más elementales, como electricidad y agua potable, a la que solo se llega por el río Manduvirá. Tiene una escuela básica de unos 25 alumnos, a los que un matrimonio docente enseña bajo un árbol hasta el séptimo grado. Recién hace unos días, a iniciativa del Ministerio de Defensa, la aislada población fue visitada por autoridades nacionales para, entre otras cosas, conocer el territorio de cara al fenómeno meteorológico de El Niño.
Los hechos referidos permiten suponer que las políticas públicas no responden siempre a una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado. Muchas veces, ellas derivan más bien del cabildeo (lobby) practicado para influir en la toma de decisiones generalmente desde el ámbito de los intereses políticos de personajes que están en el candelero.
Es comprensible que los diputados aboguen por los intereses de sus respectivos departamentos y comunidades, pero ello no debe anteponerse a las necesidades de la mayoría de la población, ni justificar el uso de influencias indebidas.
La Constitución dice que “los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector público”. Esto supone que no deben ser desvirtuados en la práctica, mediante las iniciativas de grupos de presión o de gestiones individuales que, lejos de mirar el interés general, más bien buscan llevar las aguas al propio molino político. Se debe poner fin a estas cuestionables prácticas.