La corrupción rampante no es el único factor que incide en que no haya fondos públicos suficientes para atender necesidades sociales de singular relevancia, como las atingentes a la salud y la educación públicas: también el puro malgasto impide que considerables recursos sean destinados a la prestación de servicios esenciales.
Se derrocha a manos llenas para, entre otras cosas, atender a la clientela política incorporando a personal superfluo o para que los jerarcas y sus allegados se den ciertos lujos. Uno de estos consiste en viajar por el mundo a costa de los contribuyentes, so pretexto de participar en un evento internacional de supuesta gran importancia para el país, a realizarse a menudo en algún conocido sitio turístico. En esta agradable actividad, los legisladores tienen una larga experiencia que siguen enriqueciendo, mientras las carencias de diverso orden son denunciadas con suma frecuencia.
La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, cartista), planifica comprar pasajes aéreos por valor de 861.300.000 guaraníes. En lo que va del año, ya se gastaron en tal concepto 2.290 millones en provecho de senadores y diputados, 412.946.603 en viáticos para los mismos, así como para tres funcionarios que visitaron, cada uno por su lado, París, Roma y Venecia, para realizar “actividades académicas, culturales y de cooperación internacional”. Los hospitales carecen de medicamentos, de insumos y de personal bien remunerado; las instalaciones escolares son precarias y hay comunidades aisladas por falta de caminos de todo tiempo, pero los parlamentarios despilfarran con ganas.
Algo similar ocurre en las empresas estatales que derrochan sin disimulo, como Petróleos Paraguayos (Petropar), que en 2024 registró una pérdida de 248.805 millones de guaraníes. Aunque la menor cotización del dólar habría ayudado a reducirla, los aparentemente turbios manejos de sus balances hacen presumir que el déficit persiste. No obstante, en junio último, otorgó a cuatro empleados viáticos por un valor total de 108.525.459 guaraníes, para asistir durante unos días, en España y en Italia, a un “Diplomado en Gestión de Gobierno y Liderazgo Político”. Es de preguntarse si este último tema era relevante para la capacitación de los burócratas agraciados por una empresa con serios problemas financieros o si la participación no obedeció más bien a que una “asesora legal” de Petropar es coordinadora académica de una de las universidades paraguayas organizadoras del evento.
Los viajes a expensas del dinero público deben ser los estrictamente necesarios. Los gastos superfluos deben ser eliminados, por razones morales y económicas. La Ley N° 6622/20, que establece medidas de racionalización del gasto público, a menudo eludida mediante la ocultación de la verdadera índole del mismo, no prohíbe formalmente el pago de viajes innecesarios al exterior; no obstante, el sentido del deber exige cuidar el dinero público, evitando destinarlos a solventar el turismo de los servidores públicos. Si los Presupuestos del Poder Legislativo y de Petropar permiten financiar excursiones por el mundo, sin una necesidad insoslayable, la responsabilidad recae en los congresistas y en el Poder Ejecutivo: los unos y el otro dan rienda suelta al despilfarro, no menos repudiable que la corrupción, en la medida en que priva de fondos para atender el bienestar de la población.
El último 12 de agosto, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas, el Senado postergó el estudio de un proyecto de ley para “redireccionar” 500.000 millones de guaraníes hacia la compra de medicamentos e insumos médicos esenciales. El senador proyectista Gustavo Leite (ANR, cartista) adujo que la escasez responde a la actual “economía de guerra” y a una “abultada deuda flotante” heredada: no aludió explícitamente a los gastos innecesarios presupuestados. Con todo, su iniciativa es menos cuestionable que la de su colega Silvio Ovelar (ANR, cartista), que aboga por aumentar impuestos para sostener programas sociales como “Hambre Cero” y dotar de personal de blanco a los hospitales en construcción, como si no hubiera malgastos evidentes que eliminar con urgencia, aparte de las corruptelas habituales.
El malgasto del dinero público es cuestión de vida o muerte para muchos compatriotas. Combatir el grosero dispendio contribuiría en buena medida a satisfacer demandas sociales acuciantes, como las referidas también al deplorable sistema educativo, que socava la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y a los bienes materiales. Ello requiere tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en beneficio de los paraguayos en general y no de los jerarcas de turno y de sus respectivos “nepobabies” y seguidores políticos, en particular. Siendo los fondos públicos limitados, resulta imperioso evitar gastos superfluos, aparte de abstenerse del enriquecimiento ilícito como, lamentablemente, se viene repitiendo.