En un reciente acto público, el presidente Santiago Peña dijo, entre otras cosas, que “yo a nadie le mentí en los 17 departamentos, todo lo que prometí estoy cumpliendo cien por ciento”. De inmediato arreciaron los recordatorios tanto en las redes sociales como en la prensa, de las veces que el jefe de Estado prometió una serie de cosas que nunca se realizaron. Por ejemplo, los habitantes del olvidado departamento del Alto Paraguay recordaron que, en sus tres años de Gobierno, el presidente les prometió por lo menos en cinco ocasiones caminos de todo tiempo, pero sus habitantes continúan sufriendo del aislamiento y el abandono, que se agudizan enormemente en épocas de lluvias.
En la actual coyuntura que está viviendo nuestro país, en el Alto Paraguay no se conoce de renuncias de médicos especialistas por la patética razón de que allí brillan por su ausencia. Ya pasaron dos años desde la última promesa y este es el día en que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social aún no puede hallar un anestesista que trabaje en el departamento. Existe un nuevo Hospital Regional en Fuerte Olimpo, cuya construcción terminó hace dos meses, al cabo de cuatro años, a un costo de más de 18.000 millones de guaraníes aportados por el Gobierno departamental. El serio problema es que sigue vacío, por falta de equipos y de personal de toda clase. Es un formidable elefante blanco que sirve para la propaganda, pero no para aliviar los dolores de pacientes y familiares.
Como tampoco tienen especialistas el Hospital Distrital de Puerto Casado y el gestionado por el Instituto de Previsión Social en Bahía Negra, en todo el departamento solo se realizan las operaciones quirúrgicas programadas, con la intervención de médicos provenientes de la capital del país y hasta del Brasil (!). La ministra Teresa Barán alega que no hay interesados en trabajar en el lejano Alto Paraguay, lo que tal vez sea comprensible atendiendo el nivel de los sueldos ofrecidos. Por lo expuesto, son frecuentes los traslados de enfermos a Asunción, a Concepción o a Loma Plata, mediante aviones de la Fuerza Aérea o vehículos que llegan a destino tras largas horas, durante las cuales suelen fallecer parturientas y bebés prematuros que no pudieron ser atendidos en el Departamento.
Son terribles las carencias sanitarias en el extremo norte del país, pero al Ministerio competente le interesan menos que la propaganda engañosa: el año pasado, inauguró, estando inconclusos, los Hospitales Generales de Itapúa y Coronel Oviedo, construidos por iniciativa del Gobierno anterior. El sentido común dice que la edificación y el equipamiento de hospitales deben ser planificados con todo rigor, para maximizar el empleo del dinero público; es evidente que ello no ocurrió en el caso del Hospital Regional de Fuerte Olimpo, cuyas instalaciones están hoy expuestas al deterioro, sin prestar ningún servicio. El Presupuesto de este año debió haber incluido las partidas para la compra de los equipos necesarios, tras un proceso licitatorio iniciado mucho antes de la fecha prevista para concluir la obra edilicia. Esta obviedad habría sido ignorada.
Estas graves deficiencias, por así llamarlas, son tan dañinas para el bien común como la deshonestidad lisa y llana. La tan mentada y nunca ejecutada reforma del Estado supone, entre otras cosas, librarlo del personal superfluo y dotarlo de servidores públicos que hayan demostrado en un concurso tener la idoneidad exigida por la Constitución. Aunque la Carta Magna no exija que también los ministros la posean, es muy deseable que estén a la altura del cargo que ejercen, es decir, que sus dotes morales e intelectuales les permitan contribuir al bienestar de los gobernados.
Entretanto, el Gobierno anuncia la construcción de seis nosocomios y el fortalecimiento de un centro especializado. Es deseable que, al inaugurarse, los hospitales no solo estén concluidos y equipados, sino que también tengan médicos especialistas. Todo ello, sin olvidar el abandonado Hospital Regional de Fuerte Olimpo, un monumento a la incapacidad administrativa. Por de pronto, solo ha beneficiado a la firma constructora, suponiendo que no haya habido corruptelas.
Resulta necesario, en fin, que las víctimas de tanto desamparo sepan elegir mejor en 2028, para que se empiece a poner fin a la incomunicación y a las carencias sanitarias, entre otros infortunios que castigan con saña al departamento. Sus habitantes no son paraguayos “de segunda”: tienen los mismos derechos que sus compatriotas de otros lares, aunque no lo crean quienes hoy mandan.