Se trata de que el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, se queja de un atraso de nueve meses en el cálculo de la tarifa técnica, a cargo del Viceministerio. Además, este órgano seguiría aplicando una fórmula ya en desuso en el Brasil desde hace quince años, en vez de recurrir a la de una consultoría contratada por 102.000 dólares, que debió aplicarse desde mayo. Como si todo fuera poco, Cetrapam señala que el subsidio previsto para 2026 ya se agotó en junio, lo que habría obligado a reprogramaciones presupuestarias, y que el aumento del precio del gasoíl agravaría la crisis económica de los transportistas.
En suma, el Viceministerio sería indolente, malgastaría el dinero público, habría hecho una errónea planificación financiera e ignoraría el encarecimiento del combustible. Ante estos duros reproches, el viceministro Emiliano Fernández negó que haya demoras en el pago del subsidio, dijo que se estarían calculando las tarifas técnicas correspondientes al periodo de julio a octubre, y aclaró que el precio del gasoíl se estima mediante un mecanismo distinto del resto de la tarifa técnica. Agregó que el combustible equivaldría al 38% de la estructura tarifaria y que, según la normativa vigente, solo sería “sustancial” una suba mayor al 13%, que no habría sido superada desde abril. Creyó oportuno aclarar que la eventual actualización de la tarifa solo valdría para el futuro, es decir, no habría pagos retroactivos.
Las marcadas diferencias entre voceros de los sectores público y privado revelan que la Ley N° 7617/26 no está siendo la panacea para los muy graves problemas del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción, como se había pretendido desde el Gobierno. La triste historia se repite: según denuncias, una vez más, los usuarios están siendo las indefensas víctimas de las impunes “reguladas” ilícitas, derivadas de los desacuerdos entre el Viceministerio y los transportistas; ellos deben soportar los efectos de no poder asistir a tiempo a sus lugares de trabajo o de estudio, debido a un miserable chantaje punido por la nunca aplicada Ley N° 6789/21, que no solo cancela la licencia, el itinerario y el subsidio de las empresa del transporte público infractoras de la ley, sino que también castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa a sus dueños, accionistas o representantes legales que, por cualquier medio, amenacen o extorsionen a los órganos estatales.
La tan traída y llevada reforma debe conllevar, entre otras cosas, la estricta aplicación de dicha ley, sin perjuicio de someter a debate la cuestión de si es justo que el subsidio sea financiado por los contribuyentes de todo el país. Por de pronto, es deseable que los intereses de quienes deben desplazarse en buses, a menudo averiados o repletos, sean mucho mejor atendidos por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco). Según el art. 6° de la Ley N° 1334/98, uno de sus derechos básicos es “la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos por sus proveedores, sean éstos públicos o privados”. Dada la inoperancia de dicho organismo, se ha creado una Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), que actúa en defensa de los mismos con un denuedo elogiable.
El año pasado, el presidente Santiago Peña dijo que la reforma en cuestión “llevará su tiempo”. Tal como están las cosas, ella estaría lejos de concluir antes del 15 de agosto de 2028, cuando culmina su periodo presidencial, de modo que los usuarios tendrían muchos sinsabores por delante, porque el Viceministerio de Transporte, creado en 1993, no se destaca por su eficiencia, como la generalidad de las entidades públicas. Entretanto, los usuarios, ejerciendo su legítimo derecho a la defensa, harán bien en seguir exigiendo en voz alta que sus derechos no sigan siendo vulnerados por funcionarios ni por transportistas, a menudo coaligados contra el interés general.