He aquí una cuestión crucial que mucho tiene que ver con la pésima calidad de la educación, sobre todo de la impartida en las escuelas y en los colegios públicos. Es obvio que ella no habrá de mejorar si abundan los docentes que son analfabetos funcionales. Parece increíble, pero lo ha dicho el ministro citado, en noviembre de 2025: el 70% de ellos no comprende lo que lee, según se habría constatado en los concursos públicos realizados por el Ministerio para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles. En uno de ellos, realizado en julio de ese año, se aplazaron 6.013 de los 12.028 participantes.
Si tal es el bajísimo nivel formativo de los docentes, no debe sorprender que el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) señale que ocho de cada diez alumnos de quince años no entiende lo que lee, un rendimiento peor incluso que el de 2022. Tampoco asombra que, con semejante educación inicial y media, la enseñanza universitaria sea muy pobre.
Más allá de lo antedicho, resulta inquietante que los propios educadores no sean conscientes de sus grandes limitaciones y que, por tanto, no traten de mitigarlas consultando un diccionario, cuando no entienden el sentido de una palabra. Aunque más no sea por amor propio, deberían tratar de atenuar su ignorancia, pero solo les importaría ganar más. Pero no todo es cuestión de dinero; los educadores deben esforzarse por saber más para enseñar mejor, aparte de que el amor propio debería inducirles a nutrir sus conocimientos.
Habría unos ochenta Institutos de Formación Docente (IFD), de los cuales solo la tercera parte estaría acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), lo que implica un notable descontrol. Nueve de ellos están siendo investigados por el Ministerio Público debido a la presunta expedición de títulos falsos. El grave problema adicional es que, aunque sea auténtico, uno expedido por un IFD no garantiza en absoluto que el portador sea idóneo.
Sería deseable que los educadores piensen más allá del sueldo que, a su juicio, deben cobrar. Tiene que interesarles también su propia formación y la de sus alumnos, por el bien del país. No es mucho pedir. De ellos depende, al fin y al cabo, que las nuevas generaciones puedan enfrentar con éxito los desafíos que hoy plantea la sociedad del conocimiento. Si es así, deben tratar de suplir por propia iniciativa las “lagunas” que hayan dejado sus años formativos, para que ellas no se transmitan a los educandos. No se les exige ningún sacrificio, ninguna abnegación singular, sino que se capaciten para no verse forzados, entre otras canalladas, a participar en campañas electorales, en señal de agradecimiento por el puesto otorgado en el sector público.
Los datos de PISA son vergonzosos, tanto para los paraguayos en general como para los docentes en particular. Los padres están indefensos ante el menoscabo del futuro de sus hijos. Es necesario, en fin, que la educación mejore en gran medida, también para que haya mejores gobernantes.