Los economistas César Barreto, exministro de Hacienda, y Jorge Garicoche analizaron el proyecto de presupuesto en el programa Plaza Pública Dende, emitido por ABC TV, y describieron un panorama desalentador.
Como hecho positivo, Barreto destacó que el proyecto incorpora pagos a proveedores y contratistas que antes no aparecían, lo que hacía que no se registraran y se acumularan deudas vencidas no contabilizadas. Esto es técnicamente ilegal, ya que no se pueden comprometer gastos públicos al margen del presupuesto, por lo que el especialista pidió que la Contraloría General de la República aclarara el marco legal dentro del cual se asumieron esas obligaciones.
Al margen de ello, en el proyecto de 2027 están previstos pagos a proveedores y contratistas, principalmente del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero lo que podría parecer un necesario sinceramiento, en la práctica sería apenas un maquillaje.
Por ejemplo, en el Ministerio de Salud se contempla un monto de 770 millones de dólares para medicamentos, una cifra que se acerca a la deuda vencida con el sector farmacéutico. Sin embargo, ese es el nivel de ejecución histórico de los últimos años en este rubro, con lo cual ya no queda espacio para financiar la adquisición de nuevas partidas. A eso se suma el hecho de que se anuncia la apertura de nuevos hospitales, lo que debería aumentar la demanda de atención e insumos médicos. Lo que va a ocurrir es que se van a cubrir las nuevas compras con ampliaciones presupuestarias y más préstamos, a pesar de que no es en absoluto recomendable financiar gastos corrientes con deudas.
En cuanto a obras públicas, si se van a pagar los atrasos, el remanente apenas permite un nivel de inversión de hasta 1,5% del PIB, que es incluso menor que el del período 2010-2019, considerado de baja inversión con un promedio de 1,8% del PIB, señaló Barreto.
Pero incluso todo esto está en veremos porque el proyecto se elaboró sobre bases muy poco realistas. Para empezar, se tomó como referencia un tipo de cambio de 6.458 guaraníes por dólar, cuando la cotización actual es de 5.900. Esto sobreestima fuertemente los ingresos aduaneros y los provenientes, por ejemplo, de las binacionales. Según un cálculo que presentó Garicoche, con que el promedio del tipo de cambio sea de 6.200 guaraníes en el año, el faltante para cubrir los gastos presupuestados seria de 180 millones de dólares.
Además, se proyecta un escenario de crecimiento económico y de aumento de las recaudaciones demasiado optimista. Más probable es que el ciclo de crecimiento esté llegando a su fin y comience a desacelerarse. Un nivel más bajo de inversión para contener el déficit también podría impactar en la actividad económica y resta saber cuál será el impacto del fenómeno de El Niño, más allá de otros imponderables.
En contrapartida, el proyecto no muestra señales de austeridad ni de ajustes, como debería ser el caso si es que se pretenden cumplir las metas fiscales comprometidas ante organismos internacionales, calificadoras de riesgo y toda la ciudadanía, que implican el retorno al tope de déficit de 1,5% del PIB en 2028. El gasto total es de 166,3 billones de guaraníes, 11,2% más que el de este año, el triple de la inflación proyectada para 2026.
Los gastos corrientes, subsidios y transferencias crecen fuertemente, y Garicoche advirtió que hay otros rubros importantes que demandarán más endeudamiento, como el subsidio al transporte público y compromisos derivados de la Alianza Público Privada por la ampliación de la ruta PY02, cuyo financiamiento solo está cubierto en un 20% por los peajes, cuando originalmente debía ser en un 60%. Y todavía falta sumar los nuevos aumentos salariales acordados y los que agregue la clase política para hacer campaña con el dinero de los contribuyentes.
Paraguay se destacaba por una larga tradición de disciplina macroeconómica. Eso comenzó a cambiar en la última etapa del gobierno de Fernando Lugo y el deterioro se aceleró drásticamente en los tres últimos gobiernos colorados, durante los cuales, por mencionar un indicador, la deuda pública pasó del 10% al 40% del PIB. Todo indica que Santiago Peña le terminará de dar el golpe de gracia a las finanzas públicas.