Hay gestos que definen un Gobierno desde el primer día. Gestos que no necesitan discursos ni campañas para revelar su verdadera naturaleza. Uno de ellos, casi inaugural, fue la amputación al parecer deliberada de la Ley de Conflicto de Intereses, llamada de “puertas giratorias”. Apenas asumido el mandato, con la tinta todavía fresca de las promesas de transparencia y de “lucha contra la corrupción”, se mutiló la norma que debía impedir exactamente lo que hoy está a la vista de todos: que quien regula y quien es regulado puedan ser, en la práctica, la misma persona con distintos cargos y el mismo interés.
La Ley 7089/23, que establecía el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, fue despojada de su sustancia mediante la Ley 7236, promulgada el 5 de enero de 2024. Se eliminó la prohibición de las “puertas giratorias”.
Se borró la obligación de declarar vínculos familiares con potencial conflicto. Se convirtió a la sanción por omisiones o datos falsos en una cuestión casi imposible. Se quitó, en definitiva, el freno que debía separar el interés privado del poder público. No fue un accidente legislativo ni un ajuste técnico menor. Todo da para pensar que fue una decisión política consciente, ejecutada con velocidad y sin pudor.
Hoy esa decisión cobra su factura con creces. Carlos Carvallo Spalding presidió la entonces Financiera Ueno hasta mediados de 2023. Pocas semanas después, designado por el mismo presidente que tenía vínculos societarios con el grupo propietario, asumió la máxima autoridad del Banco Central del Paraguay, el organismo encargado de supervisar, controlar y, llegado el caso, sancionar a esa y otras entidades financieras.
En otras palabras, la autoridad que debe controlarle a Ueno, entre otros, fue presidente de Ueno. La frase no es un eslogan opositor ni una exageración retórica: es la descripción literal de los hechos, reiterada con crudeza y sin eufemismos por el senador Rafael Filizzola (PDP) en intervenciones públicas y en videos que circulan sin ambages.
Filizzola no se limitó a señalar el vínculo. Denunció el esquema completo: la concentración masiva de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social en una entidad nacida al calor del nuevo poder, la flexibilidad regulatoria que permitió diferir pérdidas millonarias durante veinte años, la modificación de reglamentos a medida y la ausencia de controles independientes.
El legislador vinculó explícitamente esa realidad con la desnaturalización de la ley de puertas giratorias que este Gobierno y su mayoría legislativa desterraron apenas iniciada la gestión. “La autoridad que tiene que controlarle a Ueno era presidente de Ueno”, dijo. Y agregó que el presidente del Banco Central no puede seguir un día más en el cargo si se quiere recuperar la confianza mínima en el sistema.
No se trata de una coincidencia aislada ni de un error de currículum. Es el resultado previsible de haber desarmado, desde el día uno, las barreras institucionales que debían impedir que el regulador y el regulado compartieran el mismo origen, los mismos intereses y, en este caso, la misma historia reciente.
Cuando se amputa la norma que prohíbe el paso directo del sector privado supervisado al organismo gubernamental supervisor, lo que queda no es neutralidad técnica: es un vacío funcional disfrazado de normalidad institucional. Es la puerta giratoria convertida en política de Estado.
El presidente de la República, Santiago Peña, debería ser el primero en entender la gravedad de este diseño. Él mismo estuvo vinculado societariamente con el grupo dueño del banco hasta marzo de 2025. Él designó al expresidente de esa entidad al frente del BCP. Él impulsó o avaló la mutilación de la ley que debía evitar precisamente este tipo de solapamientos.
Pretender ahora que la prensa es el problema, o que las preocupaciones de Asoban son ruido mediático, es una forma poco elegante –y reiterada– de negar la arquitectura que, al parecer, se construyó a conciencia. Cuando los números de los balances, las advertencias gremiales y las denuncias parlamentarias coinciden en señalar el mismo patrón, el problema deja de ser mediático y se vuelve estructural.
La confianza en un sistema financiero no se sostiene solo con cifras de solvencia, con comunicados de “solidez absoluta” ni con reuniones herméticas en Mburuvicha Róga. Se sostiene con la certeza de que quien vigila no viene de la casa vigilada, y de que las reglas se aplican con la misma rigurosidad a todos los actores.
Cuando esa certeza se erosiona, el daño no es solo reputacional: es sistémico. Los depósitos públicos, los fondos de los jubilados del IPS y la estabilidad misma del sistema quedan expuestos a la sospecha permanente de que las decisiones no son puramente técnicas, sino el resultado de una puerta que nunca se cerró.
Asoban ha puesto números sobre la mesa. El Senado –a través de los cartistas Basilio “Bachi” Núñez, Antonio Barrios y Natalicio Chase– ha pedido informes. Filizzola ha señalado con nombre y apellido el mecanismo de la puerta giratoria. Y la respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio calculado, las generalidades y la antigua costumbre de culpar a la prensa.
Pero la prensa no inventó la designación de Carvallo. La prensa no mutiló la Ley de Conflicto de Intereses. La prensa no concentró fondos públicos en una entidad cuyo expresidente hoy dirige al regulador.
La puerta giratoria no se cerró. Se amplió, se convirtió en un zaguán. Y mientras no se reconozca que el origen del problema está en la decisión política de haber desmantelado los controles preventivos apenas iniciado el mandato, cualquier respuesta del BCP o de la Presidencia será, como mínimo, incompleta. Porque no se puede exigir independencia técnica después de haber eliminado las normas que debían garantizarla. Y porque la confianza, una vez perdida, no se recupera con frases. Se recupera con hechos, con renuncias si hace falta, y con la humildad de admitir que se abrió una puerta que nunca debió abrirse.