El exministro de la extinta Secretaría Técnica de Planificación José Molinas estimó que menos del 2% de los programas estatales financiados por el Presupuesto General de la Nación están sometidos a una adecuada y transparente evaluación de impacto y resultados. Esto no solamente impide contar con indispensable información sobre la eficacia del gasto público y dónde es preciso hacer correcciones, principio elemental de cualquier administración, sino que dificulta el control ciudadano, promueve la corrupción y favorece los desvíos de recursos hacia intereses sectoriales y personales contrarios a las necesidades de la ciudadanía y al desarrollo nacional.
Molinas y su colega Hugo Royg participaron en un panel emitido por ABC TV en el marco del ciclo Plaza Pública de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende). Ambos estuvieron al frente de la STP, actualmente fusionada al Viceministerio de Economía, Royg de 2009 a 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, y Molinas de 2013 a 2018, durante el gobierno de Horacio Cartes. Coincidieron en que se ha involucionado drásticamente en los sistemas de evaluación, en la información pública confiable, en el control del destino de los recursos y en la alineación del Presupuesto General con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2050, que es el que está vigente en el país y es de cumplimiento obligatorio en el sector público por mandato de la Constitución Nacional (art. 177).
Molinas recordó que se había avanzado en el establecimiento de un proceso gradual de vincular la preparación del Presupuesto para que produzca resultados en los 77 objetivos del plan de desarrollo, pero no se persistió en ello y actualmente el sistema de evaluación del Estado es “extremadamente débil” que, en conjunto, “no alcanza ni al 2% de los programas”.
Mencionó los planes sociales, como Tekoporã, Adultos Mayores y Hambre Cero, que consumen fuertes partidas de fondos públicos (más de mil millones de dólares en el proyecto de Presupuesto 2027) y es mínima la información disponible sobre el impacto que tienen en relación con sus objetivos.
Otro ejemplo muy importante es el de la calidad de la educación pública. Mencionó que existía la meta de que los adolescentes alcanzaran, por lo menos, el nivel dos de competencia en las pruebas PISA para el año 2030, pero, en vez de mejorar, Paraguay cada vez está peor. El rendimiento escolar paraguayo comparte el último lugar con Guatemala entre los 13 países incluidos de América Latina y el Caribe en la más reciente evaluación, y está entre los más bajos del mundo.
Hugo Royg insistió en la necesidad de que la planificación y la evaluación se vean reflejadas en el Presupuesto y en la distribución de recursos. Es vital identificar cuáles programas están produciendo efectos y alcanzando sus objetivos y cuáles no, sea para introducir correcciones o para cambiar el rumbo. Sin ese análisis, las asignaciones presupuestarias quedan irremediablemente expuestas a demandas sectoriales, presiones políticas y necesidades de corto plazo, indicó.
También planteó que tales evaluaciones no queden exclusivamente bajo responsabilidad de los respectivos entes involucrados, sino que sean externas e independientes, por parte de universidades, consultoras u otras organizaciones, para reducir los conflictos de interés.
“Se debe comparar el costo de una política con el resultado que produce antes de decidir un aumento, una reducción o una reasignación de recursos”, enfatizó.
Asimismo, los panelistas subrayaron los problemas existentes en la calidad y disponibilidad de información estatal. Pusieron como ejemplo las obligaciones pendientes con proveedores y contratistas del Estado. Se mencionan distintas cifras, es muy difícil saber a ciencia cierta a cuánto asciende la deuda y bajo qué concepto específico, cuando, en teoría, en el Estado “cada ladrillo que se pone tiene que tener nombre, ubicación y factura”.
El Estado paraguayo se dispone a gastar alrededor de 26.000 millones de dólares en 2027, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto General que está en estudio en el Congreso, a lo que hay que sumar los presupuestos municipales, que son autónomos. Es insólito que semejante suma se ejecute a ciegas, sin información confiable y verificable, sin estrictas evaluaciones y rendiciones de cuentas a disposición de los contribuyentes y de la ciudadanía.