La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe preliminar sobre una muestra de 1.742 títulos de educación terciaria, registrados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entre 2023 y 2026. Las ocho observaciones del documento revelan un descontrol mayúsculo y hasta una amplia trama delictiva, que ponen en gravísimo entredicho la validez de miles de diplomas, entre ellos los atingentes a las ciencias de la salud. Sin duda, los al menos 250 títulos falsos de docentes ya constatados y el del ignominioso exlegislador Hernán Rivas son apenas una pequeña muestra de un colosal fraude que se ha venido cometiendo con total impunidad.
La compraventa de diplomas habría convertido a la educación universitaria en un negocio muy rentable, gracias a la negligencia o la complicidad de funcionarios del MEC y a la inoperancia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), así como de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). De hecho, el informe preliminar menciona debilidades en la coordinación del MEC con esos órganos para actualizar el registro de carreras. Es comprensible que, en general, la credibilidad de los títulos académicos expedidos en los últimos años pueda estar bajo sospecha, aunque hayan sido legítimamente otorgados. El enorme perjuicio causado a la sociedad induce a preguntarse cuántos pacientes estarían siendo atendidos por falsos médicos.
Según el informe preliminar de la CGR, las manipulaciones en sede ministerial fueron groseras. Se registraron títulos sin la certeza de que la carrera o la facultad estuvieran habilitadas. Más aún, se validaron aquellos otorgados con relación a un periodo lectivo anterior a la habilitación. A tanto llegó la desidia, por decir lo menos, que las credenciales o claves de exfuncionarios seguían habilitadas, de modo que estos podían reingresar en el sistema informático para alterar o validar títulos. Se habría llegado al colmo de cargar los números de cédulas de identidad de 7.373 paraguayos, incluso fallecidos, para validar registros de estudiantes extranjeros, sobre todo brasileños.
Especial relevancia tiene que no se hayan verificado las prácticas hospitalarias para el registro de títulos: las constancias no tenían la firma de la autoridad responsable de la entidad donde se habrían realizado, como la de Yudith Rotela, rectora de la Universidad Sudamericana. Se habría tratado de un “error involuntario”, quizá como el de la certificación de que Hernán Rivas rindió seis exámenes en un solo día, en la misma universidad. El informe preliminar de la CGR evidencia la profunda crisis de la educación terciaria, que no empezó con el actual Gobierno, pero continúa igual, como si la experiencia acumulada no sirviera para encarar una amplia reforma, empezando por el MEC, la Aneaes y el Cones.
Del documento en cuestión surge también la necesidad de una nueva intervención del Ministerio Público, tan como lo ha hecho con respecto al escándalo de los falsos títulos de docentes. No solo se habría venido incurriendo en indolencias, sino también en hechos delictivos que deben ser sancionados. La educación terciaria tiene que ser saneada, pues en parte se ha convertido en una fuente de ingresos ilícitos para funcionarios ministeriales y autoridades universitarias. Resulta indignante la notoria decadencia moral que afecta al MEC y a unos centros de enseñanza de los que dependen en gran medida el futuro del país y en particular el de unos trescientos mil estudiantes, en su gran mayoría de universidades privadas.
Urge sanear el sistema, cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Dado lo que está en juego, no es excesivo reclamar que un título universitario garantice la idoneidad de quien lo ostente, en vez de servir solo para encuadrarlo o acceder formalmente a un cargo, incluso el de presidente de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este patético caso resume en buena medida el descalabro administrativo y pedagógico de la formación universitaria, ante la complicidad o la indiferencia culposa de las entidades públicas competentes. Hay que ponerle fin.