Rivas no fue un simple impostor que se coló en un cargo menor. Fue un hombre sin título de abogado que, armado con un documento falso, se sentó durante más de tres años en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –el órgano constitucional encargado de juzgar y remover a jueces, fiscales y defensores públicos– y llegó incluso a presidirlo. Un fantasma académico que se convirtió en juez de jueces.
Según el análisis de las 1.311 resoluciones en las que participó entre junio de 2020 y octubre de 2023, su voto fue decisivo en 54 ocasiones. Según publicaciones, en 28 de ellas, su voto completó exactamente la mayoría exigida por la ley.
Entre esas decisiones figuran cuatro remociones de magistrados en las que él fue el quinto voto indispensable: el juez de Paz de Altos Leoncio Alderete, el juez penal de Garantías Manuel Fernández Arce, el fallecido exfiscal Jorge López Lohman y la exjueza civil Tania Irún (posteriormente absuelta en sede judicial).
Sin el voto de Rivas, ninguna de esas remociones hubiera alcanzado la mayoría requerida. En otras 26 resoluciones, su voto en contra bloqueó sanciones o enjuiciamientos que se quedaron a un solo voto de prosperar. Fue, en la práctica, el voto de la impunidad. En total, participó en procesos contra 142 personas (103 magistrados y 39 fiscales). En el 96% de los casos ni siquiera redactó un voto propio. Hoy entendemos por qué.
Ahora que la Justicia ha declarado que nunca fue abogado, se abre la puerta a una cascada de pedidos de nulidad. Los afectados –especialmente aquellos removidos con su voto decisivo– tienen argumentos sólidos para cuestionar la legitimidad de las decisiones. Cuando esas nulidades prosperen, llegarán las demandas de indemnización: carreras destruidas, sueldos perdidos, honor profesional mancillado, años de litigio. Todo eso tiene un precio.
¿Quién va a pagar esa factura? ¿Rivas? ¿El Estado paraguayo? ¿Nosotros?
Cada guaraní que el fisco destine a indemnizar a quienes fueron juzgados por un impostor saldrá del bolsillo de los contribuyentes. De los mismos paraguayos que ya pagan la corrupción, la mediocridad educativa, los techos que se caen en las escuelas y los puentes colgantes del Chaco. Una vez más, la impunidad de unos pocos se socializa y la carga se distribuye sobre todos.
No se trata solo de un error individual. Se trata de un sistema que permitió, facilitó y celebró la impostura. Universidades de papel, controles educativos que miraron hacia otro lado, legisladores que votaron sin verificar, autoridades que tomaron juramento a un hombre sin título. La cadena de responsabilidades es larga y no puede quedar en la impunidad. Si solo se castiga al último eslabón, el mensaje que queda es que el esquema puede seguir funcionando siempre que alguien cargue con la culpa al final.
Por eso no basta con la condena penal de ocho años. Esa pena, aunque necesaria, es insuficiente si no va acompañada de una respuesta patrimonial ejemplar. Rivas debe responder con su patrimonio. Sus bienes deben ser embargados: casas, vehículos, cuentas, lo que tenga.
No como venganza, sino como lección. Quien usa un título falso para trepar al poder y decidir sobre la carrera de otros no puede salir indemne en lo económico mientras el pueblo paga las consecuencias.
Si el Estado no persigue con rigor el patrimonio del condenado, estará enviando un mensaje claro: se puede mentir, se puede falsificar, se puede ocupar cargos de altísima responsabilidad con credenciales inventadas… y al final la cuenta la paga el ciudadano común.
Con la misma fuerza aleccionadora, las investigaciones contra los demás responsables que, por acción u omisión, permitieron que Hernán Rivas se colgara de una toga que no le pertenecía, deben avanzar, prosperar y llegar a condenas ejemplares.
La condena a Rivas destapó la olla. Ahora toca limpiarla de verdad. Esa limpieza no se agota en una sentencia penal. Empieza por no permitir que el costo de la impostura se socialice. Que pague quien mintió. Que paguen quienes formaron parte del esquema. Que sus bienes respondan. Que la lección sea clara, pública y aleccionadora.
Porque si no, esta historia se repetirá. Y otra vez serán los paraguayos de a pie, los que no tienen togas ni títulos de papel, los “guapitos” de Santiago Peña, quienes terminarán pagando la factura de la mentira y la traición a la patria.