Desde el vamos, el Gobierno remitió al Congreso un proyecto elaborado sobre bases muy dudosas, que poco tiene que ver con lo que ha ocurrido este año, que ha sido una auténtica crisis en la administración estatal.
Recordemos que había un compromiso asumido con organismos internacionales, con calificadoras de riesgo y, más importante aún, con toda la ciudadanía, de que en 2026 se tenía que retornar al tope de la ley de responsabilidad fiscal, poniendo punto final al largo prorrateo del alto costo de las medidas de emergencia adoptadas durante la pandemia.
No solamente se incumplió ese compromiso, pese a que ya había habido una prórroga en 2023, sino que el Gobierno tuvo que admitir que no había contabilizado al menos 1.300 millones de dólares en obligaciones ejecutadas, pero no pagadas, a proveedores y contratistas del Estado.
Santiago Peña cambió a su ministro de Economía y las nuevas autoridades negociaron una segunda postergación con el Fondo Monetario Internacional, que terminó dando su aval para reprogramar el cronograma fiscal, cerrar este año con un déficit del 3,2% del PIB (más del doble del prometido), elevarlo el año que viene al 3,9% del PIB, para ponerse al día con las deudas vencidas, y llevar la meta del 1,5% del PIB a 2028, lo que ha sido puesto en duda, por ejemplo, por la calificadora Fitch Ratings.
Con este panorama, se suponía que el Presupuesto 2027 iba a contemplar un considerable ajuste, con el fin de que haya recursos para pagar las cuentas y restablecer el equilibrio, pero no fue el caso. El proyecto presentado es el mayor de la historia, con un gasto total de 166,3 billones de guaraníes, equivalentes a unos 28.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. En guaraníes, representa un incremento del 11,2% frente al de 2026, el triple de la inflación proyectada.
Más allá de los números totales, al introducirse en los detalles, expertos independientes han mostrado inconsistencias que hacen sospechar en un serio desfinanciamiento. Por ejemplo, en teoría se incluyeron en el presupuesto del Ministerio de Salud los recursos para cancelar la deuda con el sector farmacéutico, cuyo saldo es de alrededor de 600 millones de dólares, pero la partida prevista para medicamentos es de 770 millones de dólares, que es el nivel histórico de ejecución anual en este rubro en los últimos años. De ser así, si se paga la deuda no va a haber para comprar nuevos medicamentos, y si se compran, no va a haber para pagar la deuda.
Pero, sobre todo, las proyecciones presupuestarias están hechas sobre variables muy cuestionables. Se prevé un tipo de cambio de 6.458 guaraníes por dólar y un crecimiento económico del 4,2%, con lo cual se sobreestiman peligrosamente los ingresos aduaneros y las recaudaciones en general.
Hoy el dólar en el mercado se cotiza a 5.687 guaraníes y la tendencia debería ser que bajara aún más cuando comiencen a entrar dólares por exportaciones de granos tras la próxima cosecha. Analistas privados calculan que por cada 200 guaraníes de diferencia se genera un faltante de 180 millones de dólares para cubrir los gastos presupuestados.
En cuanto al crecimiento, si bien se espera que la economía siga creciendo, ya se presentan claros signos de desaceleración, como es lógico de acuerdo con la teoría de los ciclos económicos.
El ritmo de crecimiento va perdiendo velocidad debido a un menor impulso del sector comercio y servicios, un retroceso de la inversión y una caída de la ganadería. Y todavía resta saber cuál será el impacto del fenómeno de El Niño.
A sabiendas de todos estos aspectos y muchos otros, pese a los tímidos ruegos del ministro de Economía, Óscar Lovera, en vez de buscar la manera de recortar, hacen lo contrario. Todavía no llegó el proyecto al tratamiento en plenaria en ninguna de las cámaras y ya lo aumentaron, con incrementos salariales indiscriminados, que, justos o no, son muy inoportunos, tanto por el alto costo que suponen como porque abren el camino a otros sectores a reclamar lo mismo.
Las elecciones ya pasaron, ahora es momento de volver a la racionalidad. Las próximas semanas el Presupuesto General estará en los primeros lugares de la agenda política y pública. La ciudadanía y el país necesitan imperiosamente de sus representantes y dirigentes que actúen con responsabilidad.