Al Banco Central del Paraguay (BCP) aparenta faltarle lo más medular para que su investigación sobre el caso Ueno Bank sea confiable y que cumpla con su función constitucional, ratificada en su Carta Orgánica: la de velar por la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero. Carece de algo fundamental que ninguna investigación puede permitirse perder: la presunción de IMPARCIALIDAD.
Desde el momento en que Carlos Carvallo, expresidente de Ueno, debe aclarar las denuncias sobre Ueno y desde la presidencia del BCP, la trama no solamente tiene ribetes surrealistas: es inconcebible. Si a esto le sumamos que el presidente Santiago Peña, que nombró en el cargo a Carvallo, también era socio comercial del grupo propietario de Ueno Bank, objetivamente presumir ecuanimidad se torna difícil. Con semejantes antecedentes, la imparcialidad no puede darse por sentada: debe demostrarse.
Los últimos datos salidos a la luz involucran cuestiones de notoria relevancia e interés público: trata de la entidad que, después del Banco Nacional de Fomento (BNF), concentra la mayor captación de fondos del sistema público del Paraguay, incluyendo fondos de IPS: acapara unos 850 millones de dólares. Esta monumental suma de dinero público requiere en estos momentos respuestas claras, sin ambigüedades, y más que nada, sin inexactitudes y menos aún falsedades.
Estamos ante un caso de enorme interés público que exige un debate abierto. La ciudadanía tiene derecho a preguntar y las autoridades, la obligación de explicar. Sin evasivas, medias verdades ni engaños. El pueblo que es el verdadero soberano tiene derecho a saber y no que se lo subestime. Las aclaraciones deben ser satisfactorias e indubitables. Habría serios indicios de que no solamente no cumplen ninguna de estas premisas sino que, además, han estado callando realidades; más claramente aún, hay sospechas de que han estado mintiendo. Las explicaciones a los hechos que están cobrando estado público deben ser categóricas, exhaustivas y verificables.
Según el artículo 285 de la Constitución Nacional, los objetivos fundamentales del Banco Central del Paraguay son: 1) Preservar y velar por la estabilidad monetaria y 2) Promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero. Y su carta orgánica afina aún más la puntería: “Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”. Es decir, está obligado a preservar el valor de la moneda, promover la eficacia del sistema financiero, que este último sea íntegro y promover la solidez y estabilidad. Punto.
A la luz de los últimos acontecimientos la pregunta sería: ¿cuánto de verdad ha estado contando el Banco Central del Paraguay? ¿Han ocultado o no respuestas o faltaron a la verdad o tergiversaron al contestar preguntas de la Cámara de Senadores? Las autoridades están obligadas a rendir cuentas, sin utilizar la confidencialidad legal como excusa para eludir explicaciones sobre su propia actuación.
Los nuevos hechos que están siendo conocidos aparentan demoledores, y, hasta el momento, no fueron desmentidos. Contrariamente a lo que el BCP informó al Senado –y el presidente de la República, Santiago Peña, repitió públicamente– no deberían invalidar el memo Rivarola, del 10 de julio pasado, diciendo que su autor llevaba un par de días fuera del banco, sino explicar qué medidas concretas y verificables ejecutaron para preservar y garantizar la integridad y confiabilidad del sistema ante los hechos observados.
Ahora se sabe que había más informes anteriores y de otras unidades investigativas. Existen informes documentados y firmados desde principios de este año que dan cuenta de que varias unidades del BCP han estado batallando dentro de un expediente referido a Ueno Bank. Entre otros, la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS), la Intendencia de Gestión de Información y la propia Gerencia de Supervisión donde estaba Rivarola. ¿Que decía, textualmente, la EFS?: “(…) se recuerda a la entidad lo mencionado por correo de fecha 29.04.2026 de la Intendencia de Gestión de Información, y comunica que resultado de la aplicación de agrupación considerada en la Red de Comunicación Financiera del Grupo de Personas Vinculadas (GPV) No. 1535 con sus respectivos saldos para los meses de enero, febrero y marzo 2026, se observan excesos en sus límites primarios y secundarios”. (Las negritas son nuestras).
Esto indicaría que se hallaba abierto un expediente mucho antes que Fernando Rivarola describiera detalladamente los hechos en un memo antes de dejar el BCP tras un decreto presidencial donde Santiago Peña lo llevó a la AFD. Advertiría también que son varias las unidades que han estado analizando los datos, cruzando nombres y verificando riesgos en las operaciones realizadas. Confirmaría además que Ueno Bank pedía que se sacara de empresas vinculadas a algunas que lo estarían, y que los analistas del BCP se negaban a ello porque encontraban riesgos importantes.
Los representantes del pueblo están sentados en el Congreso. Están obligados, más aún, están compelidos a hacer las preguntas adecuadas y demandar las respuestas correctas y completas en nombre de la ciudadanía. Los millonarios fondos públicos concentrados en la entidad, y los millones de dólares en préstamos y sobregiros que han estado haciendo entre empresas vinculadas al mismo Grupo Vázquez, no aceptan tibieza ni indiferencia de ninguna autoridad. La historia podría llegar a distinguir entre indiferentes y, al menos, interesados en obtener respuestas a lo que está ocurriendo.
El Banco Central del Paraguay no está para proteger a los bancos de los controles, sino para tutelar la estabilidad, seguridad y confiabilidad del sistema financiero mediante esos controles. Ninguno de nuestros documentos ha sido desmentido hasta el momento. Y eso debería inquietarnos y llamar la atención de todos.