El presidente Santiago Peña insiste en que el Banco Central del Paraguay cuenta con las herramientas legales y constitucionales suficientes para resolver las preocupaciones que hoy rodean al sistema financiero. Lo repite con una pasmosa serenidad institucional: “La arquitectura legal constitucional da las herramientas apropiadas para resolver cualquier problema”, y que el BCP “sabrá administrar esta situación”.
Es una afirmación correcta… en el papel. El problema es que, en los hechos, esa misma institución parece preferir esconderse detrás de un escudo que, en este caso, no le corresponde usar con tanta holgura: el dichoso “secreto bancario”.
Las inquietudes no son inventos de opositores ni de una supuesta guerra comercial. La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) calificó recientemente de incompletas las respuestas del BCP a los pedidos de informe del Senado sobre Ueno Bank.
El gremio reclama igualdad ante la ley, medidas correctivas inmediatas y claridad sobre operaciones con empresas vinculadas y concentración de fondos públicos. Legisladores de distintos sectores, incluido el oficialismo, señalaron demoras, respuestas parciales y la entrega de información en sobre cerrado.
Si el BCP posee las armas institucionales que Peña invoca –facultad de requerir información, imponer planes de regularización, aplicar medidas cautelares, instruir sumarios y sancionar– la pregunta es elemental: ¿por qué demora o diluye las respuestas a quienes tienen derecho a preguntar?
El Senado tiene atribuciones de control. Asoban representa al propio sistema que el BCP debe supervisar con ecuanimidad. Ninguno de los dos está pidiendo datos de clientes individuales para publicarlos. Están preguntando por el cumplimiento de límites prudenciales, por la detección de excesos, por el tratamiento de ventas de cartera y por la aplicación uniforme de las normas.
La Ley Orgánica del BCP exceptúa a las Cámaras del Congreso del deber de secreto. Trasladarles la responsabilidad de confidencialidad no autoriza a entregar respuestas incompletas ni a invocar el secreto como mecanismo dilatorio frente a preguntas sobre el ejercicio de la propia supervisión.
El secreto bancario existe para proteger a los depositantes y clientes de terceros, no para blindar a la autoridad supervisora frente a controles legítimos sobre cómo ejerce su función. Cuando se usa de esa manera, deja de ser una garantía y se convierte en un escudo. Y un escudo se vuelve especialmente problemático cuando el presidente del BCP, Carlos Carvallo, fue hasta agosto de 2023 presidente de la financiera que luego se convirtió en el banco bajo escrutinio.
La apariencia de conflicto no se disipa con comunicados de tranquilidad ni con la afirmación de que “el sistema está sólido”. La solidez agregada del sistema es bienvenida, pero no responde a la pregunta concreta de si se aplicaron las mismas reglas a todas las entidades, si los excesos fueron detectados a tiempo y si las medidas correctivas fueron efectivas y transparentes.
Peña tiene razón al defender la autonomía del BCP. Esa autonomía es un activo del país. Pero la autonomía no es un muro contra la rendición de cuentas. Es precisamente la capacidad de actuar con independencia técnica, rigor y comunicación clara.
Pedir al BCP que “comunique a la ciudadanía que está actuando de la manera correcta” es reconocer el problema de fondo: la confianza no se decreta. Se construye con información suficiente, respuestas oportunas y aplicación visible de las normas.
Cuando las respuestas llegan en sobre cerrado, cuando se omiten preguntas clave invocando secreto y cuando el propio gremio bancario dice que las inquietudes no se despejaron, la autonomía se percibe menos como fortaleza institucional y más como aislamiento.
El costo de esta opacidad no es solo político. La confianza en el sistema financiero es el capital más frágil y más valioso de una economía. Cuando se la erosiona, las empresas postergan inversiones, los ahorristas se vuelven más cautelosos y el crédito se encarece o se restringe. El propio presidente ha advertido sobre esos efectos. Por eso resulta contradictorio invocar las armas institucionales mientras se tolera o se justifica su uso incompleto o tardío.
El BCP tiene las facultades. El Congreso tiene el derecho de preguntar. Asoban tiene la legitimidad de exigir trato igualitario. Los ahorristas tienen el derecho a que la supervisión se ejerza con transparencia suficiente para no depender solo de la fe. Si esas armas institucionales son tan poderosas como se afirma, el momento de usarlas con claridad y sin escudos innecesarios es ahora. No mañana. No cuando el sumario termine. ¡Ahora!
Porque un banco central que tiene las herramientas y elige el secreto como primera respuesta no está protegiendo el sistema. Está protegiendo la duda. Y la duda, en materia financiera, es peligrosa y nunca se queda quieta.