El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), denunció ante el Ministerio Público a la senadora Zenaida Delgado (tránsfuga ANR), por la presunta venta de cargos en el Poder Legislativo. Los autos están caratulados “Zenaida Delgado s/ tráfico de influencias y otros”. Las compras de los cargos, que se habrían realizado a un costo de entre 50 y 100 millones de guaraníes, se habrían hecho transfiriendo a la vendedora los montos de las bonificaciones cobradas por tres contratadas de su despacho, que cuenta con unos veinte “servidores públicos” y tiene como jefe a un bachiller, sobrino de la senadora.
Las contratadas que revelaron a la prensa las transacciones ya fueron destituidas por supuesta lesión de confianza y falsificación de firma; la senadora informó que hará una denuncia penal debido a las publicaciones. Entretanto, estaría en marcha la pérdida de investidura de la legisladora debido a la trama que, según el Ministerio Público, habría replicado una montada en el Instituto de Previsión Social (IPS), por obra de Fátima Agüero, exasesora de Zenaida Delgado.
Llama la atención, aunque no tanto debido al nepotismo rampante en el Congreso, que una de las denunciantes sea una excuñada de la senadora y otra una exconcuñada, en tanto que la tercera sería una amiga de ambas. Los problemas habrían surgido luego de la ruptura de Zenaida Delgado con su pareja Gustavo Vera Santander. La legisladora afirmó que, como ella les dio trabajo en su despacho, debían “respetar” lo que hizo y “simplemente salir sin denunciar”.
Surge la pregunta de si el titular del Senado, antes de firmar la incorporación de las denunciantes –y de otros en su misma situación laboral– las había contratado atendiendo una o más de las “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, como exige la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil para hacer de empleado público: “a) combatir brotes epidémicos; b) realizar censos, encuestas o eventos electorales; c) atender situaciones de emergencia pública, y d) ejecutar servicios profesionales especializados”. Que se sepa, durante la permanencia de las mismas cobrando sus salarios no se habrían producido ninguno de esos eventos, de donde cae sobre los hombros de Bachi la gran responsabilidad de un presunto desconocimiento de la ley. Tampoco se sabe de que las involucradas en el caso hayan intervenido en un concurso de oposición.
En consecuencia, es muy probable que la excuñada, la exconcuñada y la amiga de ambas hayan sido contratadas ilegalmente por la máxima autoridad del Senado, la misma que hoy se rasga las vestiduras: no habría averiguado –o no habría querido saber– si se habían cumplido los requisitos necesarios para la contratación. Una de las denunciantes, contratada en 2023, dijo que el primer pedido de dinero de la senadora –50 millones de guaraníes– llegó con una promesa de nombramiento, ¡como si el concurso público fuera prescindible! Asusta sospechar que, además del IPS, haya muchas otras entidades públicas en las que acontece algo similar: la repugnante compraventa de cargos públicos. Por cierto, Bachi está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos por lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios, tras una denuncia presentada en mayo de este año, con relación, entre otros asuntos, a unos 300 nombramientos y contrataciones realizados durante la administración del senador, omitiendo los procesos de admisión que garanticen la idoneidad y la igualdad de oportunidades, como ocurriría también en este nuevo caso.
El hecho de que el Congreso sea el marco de la práctica referida por las tres denunciantes le añade mayor gravedad: los representantes del pueblo se llenarían los bolsillos traficando con puestos que solventan sus representados, como si no les bastaran las jugosas dietas que cobran a cambio de muy poco. En tal sentido, Zenaida Delgado no sería una figura singular en la función pública de un país donde la ley no goza de un gran predicamento. Empezando por quienes la sancionan, se la tuerce con toda impunidad, en beneficio propio y ajeno.
El Poder Legislativo está al servicio de sus propios miembros y de sus familiares, en primer lugar, como lo evidencian múltiples fechorías. Aunque esta que acaba de salir a la luz sea solo una más, debe merecer el condigno repudio ciudadano: la gente de bien no debe habituarse a la iniquidad, sino prestar mucha atención en las urnas, para no seguir eligiendo a tantos sinvergüenzas con fueros. Disponen del dinero público a su antojo, como si una banca fuera un banco propio. Tienen la conciencia tranquila, de modo que seguirán haciendo de las suyas, mientras puedan confiar en su impunidad, por lo que es imprescindible que en nuestro país comience a regir el imperio de la ley.
Zenaida Delgado no es un caso raro, sino tan solo uno más de los que dan buenos motivos para abochornarse del Poder Legislativo. Está en manos de los electores que la calidad moral e intelectual de sus miembros mejore notablemente a partir de 2028. Por de pronto, habrá que observar de cerca el desempeño de los actuales para que, entre otras barbaridades, no continúen con la desenfadada compraventa de cargos públicos.