El colapso de Ueno Bank no es solo la mayor crisis financiera de la historia reciente del Paraguay. Es también el examen más severo al que se ha sometido el Ministerio Público bajo la conducción del fiscal general Emiliano Rolón Fernández. Y hasta ahora, el resultado es vergonzoso.
Mientras casi tres millones de paraguayos vieron congelados sus ahorros, mientras se confirman depósitos millonarios de entidades públicas y del IPS en una entidad vinculada al expresidente Santiago Peña, y mientras se imputa a este y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo Spalding por lesión de confianza y administración en provecho propio, la Fiscalía General del Estado ha mostrado una sucesión de pifiadas, desprolijidades y declaraciones que dejan entrever, más que una investigación seria, una actuación que bordea el encubrimiento o la obstrucción.
Las desprolijidades son evidentes. Un juez de delitos económicos tuvo que corregir a la propia Fiscalía cuando esta solicitó apenas arresto domiciliario para varios directivos de Ueno, ordenando en cambio la prisión preventiva de varios de ellos. Por su parte, un tribunal de apelaciones especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado agregó los tipos penales de asociación criminal, lavado de activos y conducta conducente a la quiebra para Miguel Vázquez, y para Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente los de lavado de dinero y asociación criminal. Además, para los cuatro modificó la calificación provisoria de tentativa de estafa a estafa agravada, dejando aún más en evidencia el endeble trabajo de la Fiscalía.
La decisión judicial desnudó la tibieza del Ministerio Público. Posteriormente, ante los cuestionamientos por la lentitud, Rolón se vio obligado a sumar fiscales a los equipos investigadores. Eso no es proactividad: es reacción tardía ante el escándalo.
Más grave aún son las declaraciones del propio fiscal general. En relación con el testimonio de la extrabajadora de la residencia presidencial Mburuvicha Róga Luz Candado –el caso de los sobres de dinero hallados en ese lugar y la posterior destitución de la citada mujer–, Emiliano Rolón reconoció públicamente que no le habían llevado las pruebas suficientes en la carpeta.
Un fiscal general que justifica su inacción diciendo que la investigación no contó con ciertos elementos para avanzar está confesando, en la práctica, que no se hizo nada de lo que correspondía. Cuando el máximo representante del Ministerio Público dice que “no le llevaron las pruebas”, no está describiendo una falla menor de un subordinado: está revelando una falta de dirección, de control y de voluntad investigativa.
Estas omisiones no son neutras. En un caso de esta magnitud –donde se habla de más de G. 3,6 billones y US$ 233 millones de recursos públicos y previsionales direccionados hacia Ueno, de posibles conflictos de interés del expresidente que tenía como socio al grupo, de alertas técnicas ignoradas por el Banco Central y de una posible estructura criminal–, la ausencia de una investigación vigorosa, proactiva y exhaustiva desde el primer momento puede llevar a pensar legítimamente en un encubrimiento o, al menos, en una obstrucción a una correcta investigación.
El Ministerio Público no es un espectador. Es el representante de la sociedad. Su deber es perseguir el delito de oficio, con la misma intensidad cuando los sospechosos son poderosos que cuando no lo son.
Tampoco puede alegar falta de presupuesto. El Ministerio Público cuenta con recursos, unidades especializadas en delitos económicos y anticorrupción, y la facultad de solicitar el apoyo de otros organismos del Estado.
En un caso de esta envergadura, invocar limitaciones presupuestarias sería una excusa inaceptable. La voluntad política y la dirección efectiva de la investigación pesan más que cualquier argumento de recursos. Cuando se quiere investigar de verdad, se investiga.
Lo que se observa en el caso Ueno es un patrón de actuación reactiva y a destiempo o tal vez una palmaria complicidad. Llamativamente, las causas se abrieron recién después de que el escándalo ya era público, después de la intervención del banco y después de que el propio Congreso avanzara con el juicio político a Santiago Peña.
Una Fiscalía que espera a que los hechos estallen en los medios y en las calles para comenzar a moverse no está cumpliendo con su función constitucional de investigar de oficio los delitos que afectan el interés público. Menos aún, de investigar aquellos que ya fueron comunicados y denunciados en su oportunidad, como el reporte realizado en el 2025 por varios legisladores, el cual, a confesión del propio fiscal general, no avanzó.
Las desprolijidades no se limitan a las medidas cautelares. La propia estructura de las imputaciones, la forma en que se fueron sumando fiscales a destiempo y las declaraciones públicas del fiscal general revelan una falta de dirección estratégica.
Cuando el máximo responsable del Ministerio Público admite que no contaba con pruebas suficientes en una carpeta relacionada con hechos ocurridos en la propia residencia presidencial, está reconociendo que la institución no ejerció el control ni la iniciativa que le corresponden. Eso no es un error técnico menor: es una falla de liderazgo institucional, o tal vez, de complicidad absoluta.
En casos de esta envergadura, la sociedad espera que el Ministerio Público actúe con la misma contundencia con la que actúa cuando los imputados son ciudadanos comunes. La diferencia de trato no pasa desapercibida. Si se investiga con energía a los débiles y con tibieza a los poderosos, el mensaje que se envía es claro: la justicia no es igual para todos. Y ese mensaje erosiona la legitimidad de toda la institución.
El Congreso no puede mirar hacia otro lado. La facultad de enjuiciar políticamente al fiscal general del Estado por mal desempeño de funciones no es una herramienta ornamental. Existe precisamente para situaciones como esta, cuando la máxima autoridad del Ministerio Público no garantiza una persecución penal efectiva de los delitos más graves contra el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía.
Si los legisladores están verdaderamente del lado del pueblo paraguayo –de los ahorristas que no pueden acceder a su dinero, de los jubilados del IPS cuyos fondos fueron expuestos, de los contribuyentes–, tienen la obligación de evaluar si la actuación de Emiliano Rolón constituye mal desempeño, y actuar en consecuencia.
El tiempo no juega a favor de la verdad. Cada día que pasa sin una investigación profunda, exhaustiva y libre de sospechas de tibieza o complacencia, se pierden pruebas, se diluyen responsabilidades y se consolida la sensación de impunidad.
El mal desempeño no se mide solo por actos de corrupción personal; también se mide por la omisión deliberada o negligente en la persecución de los delitos más graves contra el patrimonio público y la confianza ciudadana.
Emiliano Rolón tuvo la oportunidad de demostrar que el Ministerio Público no es un instrumento de protección de los poderosos, pero no lo hizo. Ahora el Congreso tiene el deber de actuar. La sociedad paraguaya ya pagó un precio demasiado alto con el colapso de Ueno. No puede pagar también el precio de una Fiscalía que mira para otro lado, precisamente cuando su principal función es representar a la sociedad.