El caso Ueno Bank representa el desfalco más grande de las últimas décadas. Perjudicó a casi tres millones de clientes, fondos públicos y previsionales por cifras que la propia Fiscalía estima por encima de los 800 millones de dólares, y ni hablar de la estocada mortal a la confianza de un país entero.

Se trata de una entidad que, según el Banco Central y las imputaciones fiscales, se prestó a sí misma –a empresas del Grupo Vázquez y vinculadas– sin garantías reales, en un esquema circular de “calesita” que vació su patrimonio mientras captaba depósitos del Estado, del IPS y de ahorristas.

Santiago Peña, accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, fue destituido por juicio político e imputado por lesión de confianza (como instigador) y administración en provecho propio. Carlos Carvallo, expresidente del BCP, también está imputado. Directivos del banco cumplen prisión preventiva. Hasta ahí, el papel de la Justicia parece funcionar. Lo que no funciona –y es inaceptable– es la actuación del Ministerio Público y de su fiscal general, Emiliano Rolón Fernández.

Desde octubre de 2025 existían denuncias concretas sobre “sobres del poder” en Mburuvicha Róga. Audios atribuidos a la ex primera dama Leticia Ocampos, testimonios de exempleadas del Gabinete Civil que hablaron de fajos de dólares hallados en el quincho de la residencia presidencial, y confirmaciones de funcionarios.

La denuncia de legisladores se presentó en octubre de 2025. Recién en mayo de 2026 –siete meses después– tuvo asignación fiscal. Rolón explicó que en su momento “tenía poca consistencia” y “no había evidencias materiales”. Recién cuando el barco se hundió, con Santiago Peña destituido y detenido, y la presión social que le respira en la nuca, la Fiscalía se digna a realizar una constitución en Mburuvicha Róga.

Un procedimiento “histórico” que llega un año después, cuando ya se denunciaron sobres, bolsas de dinero y manejo cotidiano de efectivo en la residencia oficial.

La casa de Santiago Peña en San Bernardino (Ciervo Cua) fue allanada mucho después de su imputación formal. Se encontró una “sala de pánico” o bóveda oculta detrás de una pared falsa, con sistema de seguridad sofisticado (biometría, iris). La propiedad, valuada en un millón de dólares, según su declaración de bienes, se construyó entre 2024 y 2025 con préstamos de Ueno Bank cuyas cuotas mensuales equivalían a varias veces el sueldo presidencial. ¿Por qué no se allanó antes, cuando ya había denuncias de enriquecimiento y conflicto de intereses? ¿Por qué se esperó a que la bomba explote para intentar desactivarla?

Más grave aún: en el Regimiento Escolta Presidencial, donde Peña cumple prisión preventiva en un dormitorio común (sin rejas, con visitas y “libre comunicación”), se le dejó el celular durante días. La Fiscalía lo requisó cuando el pueblo le pidió a gritos que lo haga. Rolón aseguró que el aparato “se perdió de vista” entre el cúmulo de información y que hubo errores de manejo.

En un caso que involucra a múltiples actores, empresas, fondos públicos y posibles comunicaciones para destruir pruebas o coordinar versiones, dejarle el teléfono a un imputado de ese calibre no es un olvido. Es una omisión que permite, como mínimo, el riesgo de obstrucción. Cuando se lo incautó, ya había pasado tiempo suficiente.

La Fiscalía imputó por lesión de confianza, conducta indebida en crisis, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio. No por asociación criminal, alegando falta de elementos. Sin embargo, el propio expediente describe un esquema organizado: múltiples empresas (MOWI, Grupo Hendy, Grupo M, Tuiu, Franede, Vinanzas y otras), transferencias inmediatas de fondos, desvinculaciones formales sin respaldo ante la Superintendencia, venta de cartera por más de 74 millones de dólares a una vinculada financiada con recursos del propio banco, y ocultamiento de vinculaciones.

Eso no es una serie de hechos aislados. Es una estructura. Alegar “falta de elementos” cuando el BCP documentó el circuito y hay decenas de personas y sociedades identificadas, suena a decisión política, no técnica.

Tampoco hay imputación a Leticia Ocampos, a pesar de los audios, las denuncias de sobres, la ampliación formal presentada por senadores (que piden investigar a la ex primera dama, padres, hermanos, hijo y otros por frustración de la persecución penal y delitos conexos), y los indicios patrimoniales y societarios. Mientras se pide cooperación internacional para recuperar bienes y se allana tarde, el núcleo familiar más cercano permanece fuera de las imputaciones.

Las justificaciones de Rolón son repetidas: “350 fiscales para todo el país”, equipo especializado reducido, sobrecarga, falta de presupuesto y tecnología, necesidad de “base sólida”. Son las mismas que viene usando desde que asumió el cargo y son las mismas que usó para explicar por qué no se investigó a tiempo la denuncia de 2025. Mientras tanto, se reportó que frenó o retrasó allanamientos que ya tenían orden judicial (incluido uno a Ueno Bank). ¿Tendremos que esperar que en este caso también Mandrake haga su magia?

La oposición ya habla de juicio político contra el fiscal general. Y tiene razón.

El patrón es claro: inacción y demora mientras el poder estaba intacto; aceleración parcial solo cuando el escándalo explotó y Peña cayó. Las inconsistencias son tantas –asignación tardía, allanamientos posimputación, celular disponible, ausencia de figura de asociación criminal, protección del entorno familiar, justificaciones que no explican la selectividad– que la sospecha de complicidad, de protección deliberada o de actuar bajo mandato de alguien con poder real no es teoría conspirativa. Es la lectura más razonable de los hechos públicos.

El fiscal general del Estado no es un funcionario más. Es el representante de la sociedad en la persecución penal. Cuando su actuación genera la percepción de que protege a los poderosos en el mayor desfalco reciente del país, deja de ser ese representante. Si no se impulsa y resuelve un juicio político que evalúe su responsabilidad en estas omisiones y demoras, Emiliano Rolón debe renunciar.

El dinero de los jubilados, de los ahorristas y del Estado no puede esperar más “paciencia” ni más “recursos”. La sociedad exige investigación integral, imputaciones a todos los involucrados según las pruebas, y que nadie –ni el expresidente, ni su entorno, ni el fiscal general– esté por encima de la ley. Si el Ministerio Público no lo hace, deja de ser Ministerio “Público”.