Todos los días aparecen nuevos elementos que agravan, antes que aliviar, lo que probablemente sea el peor escándalo de corrupción de la historia del país.

Los pequeños y medianos ahorristas recuperarán hasta 75 salarios mínimos (228.300.000 guaraníes) por persona física o jurídica, a través del Fondo de Garantía, lo cual es legal, justo y necesario, pero no por ello deja de implicar una fuerte pérdida. Se supone que este fondo, tras subrogarse de esas deudas, debe resarcirse con el producto de la liquidación, pero no parece que a Ueno Bank le queden suficientes activos para responder.

En cuanto al sector público, nunca antes había pasado algo así en semejante magnitud. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero del Estado se canalizó al Grupo Vázquez a través de Ueno Bank.

De acuerdo con los registros y balances al momento del inicio del proceso de resolución, el banco acumulaba fondos públicos por 855 millones de dólares, de los cuales US$ 358 millones corresponden al Instituto de Previsión Social. Sin embargo, el IPS ahora reporta otros 157 millones de dólares congelados en “cuentas operativas”.

A cada momento se sabe de más entes estatales que depositaron reservas en Ueno Bank. Uno de ellos es Itaipú, bajo dirección paraguaya de Justo Zacarías Irún. En su presentación a la fiscalía, la entidad indicó que al 3 de noviembre tenía en Ueno 163,8 millones de dólares y 115.200 millones de guaraníes, que es más de lo que indicaban los promedios publicados el 13 de octubre. ¿Es ahí a donde se iban los famosos “fondos socioambientales”?

También hay montos todavía a determinar de Yacyretá, del propio Ministerio de Economía, de la AFD, de ANDE, de Petropar, de la Dinac, e irán saliendo a luz otros, además de varios importantes ahorristas institucionales y tenedores de bonos, paraguayos y extranjeros.

Si Pedro Alliana pretende legitimidad se tendrá que mostrar implacable en deslindar responsabilidades, incluyendo las propias, independientemente del bando político, y en representar y defender a rajatabla los intereses del Estado.

Sin embargo, no es esa la única herencia que recibe de su antecesor y, hasta hace poco, cercano aliado. Santiago Peña y su exdesgobierno no solamente están en el centro de un desvío sin precedentes de dinero público, sino que han tenido un muy mal desempeño en la administración pública, al punto de dejar al fisco en una situación sumamente delicada pese a haber contado con condiciones altamente favorables.

El propio Pedro Alliana reveló que uno de los motivos que lo impulsó en su momento a “poner en pausa” su candidatura fue una conversación que mantuvo con el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, quien le reconoció que el escenario es crítico y “no hay solución más que subir impuestos”.

Eso es así porque no se hicieron como se debían las reformas que se requerían ni los recortes y la racionalización del gasto estatal. Hubo crecimiento económico y récord de recaudaciones, más supuestos fondos extras de Itaipú, pero a la par hubo un tremendo despilfarro y una pésima gestión en cuanto al cálculo y la proyección de la capacidad de financiamiento.

El resultado es que se saltaron todas las metas fiscales, por mucho que intentaron maquillarlo, y se dejaron “monos” por todos lados. Como toda respuesta, Santiago Peña presentó un proyecto de presupuesto totalmente alejado de la realidad, con estimaciones de ingresos groseramente infladas e irrealizables.

Pareciera que el expresidente se mantenía en un estado de negación, ignorando o minimizando los problemas, lo que no ha hecho más que profundizarlos. Algo de eso ocurrió con el caso Ueno, que no debió haber llegado a estos extremos, con tan nefastas consecuencias.

Si Pedro Alliana hace más de lo mismo terminará de la misma manera, y en pocos meses nadie le aceptará la excusa de que agarró una papa caliente. Para procurar recuperar la confianza debe exigir proactivamente justicia, elegir con cuidado a sus colaboradores, hablarle a la gente con la verdad y negociar con los distintos sectores los sacrificios que demanda el momento para reordenar las finanzas públicas. Esperemos que esté a la altura.