Absurdo hasta el extremo: en el año 2013 el juez Manuel Saifildin Stanley declaró “rebelde” a un muerto por no presentarse ante su público despacho.
Francisco Feliciano Duarte fue demandado por Enrique Sarubbi por “cumplimiento de contrato”; el problema es que Duarte murió en junio de 2000.
Pasaron 13 años de su muerte cuando aparece la acción promovida por Enrique Sarubbi con patrocinio del abogado Guillermo Montiel, con matrícula Nº 31018, de la oficina Montiel López y Asociados, de Capiatá.
Guillermo Montiel estrenó su matrícula profesional en el año 2012.
Francisco Feliciano Duarte perdió el juicio; estaba bajo tierra cuando fue citado por el juez Manuel Saifildin Stanley y no tuvo oportunidad para defenderse.
Violaron su derecho constitucional a la defensa.
Sumario de la Corte
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de un sumario contra la jueza Máxima Meza, de Ciudad del Este.
La medida se dio a conocer a través de la Resolución Nº 1254 del pasado 10 de setiembre; el sumario incluye al oficial de justicia Ramiro Báez.
La jueza Máxima Meza no solo enfrenta el sumario de la Corte Suprema, pues será juzgada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el mismo caso.
La agente fiscal Arminda Rivas, también de Ciudad del Este, se encuentra en este momento bajo investigación del Jurado de Magistrados.
El principal defensor de ambas es el senador Óscar González Daher.
Ganar la demanda contra su suegro muerto significó para Enrique Sarubbi acceder a un título de propiedad judicial sobre un inmueble de 20 hectáreas en Minga Guazú, Alto Paraná.
La finca es propiedad legítima de HB Inmobiliaria SA, empresa que fue desalojada gracias a una orden de la jueza Máxima Meza.
La fiscala Arminda Rivas imputó a Higinio Benítez, accionista de HB Inmobiliaria, y a sus hijos Claudia y Fernando, quienes en el momento del supuesto delito de falsificación de documentos tenían 11 y 9 años respectivamente.
¿Contrabando es el negocio?
Apenas ocupó la propiedad ajena, Enrique Sarubbi construyó una pista de aviación. En Ciudad del Este se nombra a Estanislao Franco de Oliveira, alias “Chilao”, como el financista de la operación.
El nombre de “Chilao” se asocia con actividades ilícitas en la frontera, sobre todo contrabando.
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