De esta forma, los indígenas podrían recibir el título del predio, ejerciendo sus derechos atribuidos por la Constitución Nacional y legislaciones internacionales acatadas por nuestro país.

El proceso de saneamiento estaba en camino con el Proyecto de Regularización de Tierras Indígenas (PRTI); sin embargo, fue interrumpido luego del cambio de gobierno del 22 de junio del 2012, explicó Ayala, quien fue reemplazado semanas después.

Rubén Quesnel asumió la titularidad del Indi en julio y autorizó la venta ilegal de las tierras en noviembre del mismo año, significando un grave retroceso en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, sostuvo Ayala.

Actualmente, los representantes legales de la comunidad de indígenas formuló las denuncias correspondientes al Ministerio Público, incluido el pedido de anulación de la transferencia. Aún se aguarda la pronunciación de la fiscala Alba Delvalle.