3 DE FEBRERO, Caaguazú (Carlos Mariano Godoy, redacción regional). Este distrito ubicado a unos 220 kilómetros de Asunción, conocido como “la capital del tomate”, está pasando uno de sus peores momentos, debido al avance indiscriminado del cultivo de la soja, que empezó hace unos cinco años, cuando algunos agricultores decidieron vender sus lotes a los sojeros.
Con el paso de los años, la introducción de la agricultura mecanizada fue ganando terreno, hasta el punto que ya hubo compañías tradicionales de este distrito que han desaparecido.
Ante esta penosa situación, el intendente Derlis Olmedo (PLRA), y otras autoridades convocaron a una reunión general de la población, que se realizó ayer en el tinglado municipal. En el encuentro se hicieron graves denuncias de despojos de sus tierras a nuestros compatriotas.
El titular de la Junta, José Arriola (PLRA), y otros oradores dijeron que el distrito hace cinco años contaba con más de 12.000 habitantes y actualmente, debido a la “invasión sojera”, esa cantidad se redujo entre 6.000 a 8.000 habitantes, teniendo en cuenta la obligada migración campesina por la masiva venta de las tierras.
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Ya desaparecieron
Las compañías que desaparecieron son San Pedro, Paso Ita, Quinta Línea, San Lorenzo, Santa Librada y Ko’ê rory. Mientras tanto, las que resisten son San Carlos, Giménez Cue, San Miguel, Sexta y Tercera Línea, Guayaybi, entre otras. Pero que corren el peligro de borrarse del mapa, ante las altas ofertas que los pequeños residentes reciben de los agroexportadores por sus lotes.
Informaron que las ofertas varían de acuerdo a la zona ubicada y pagan entre 15.000 a 20.000 dólares por hectárea (G. 80 millones).
Explicaron que muchos labriegos, acosados por la pobreza, cambian parte de sus tierras por automóviles, dejando solo la parte de su vivienda para la familia, exponiéndose a pasar sus días en medio de sojales y soportando los embates de las fumigaciones, y lo peor, sin tierras para cultivar.
En pie de guerra
Durante la reunión de la víspera, las autoridades Municipales y el pueblo presente ensayaron un proyecto de resolución Municipal que pudiera obligar la evaluación de impactos ambientales para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, herramienta legal para frenar la expansión sojera en zonas urbanas.
Mientras tanto, los pobladores se declararon en pie de guerra utilizando las leyes legales, para defender la superviviencia de las pocas comunidades rurales que quedan en este distrito.
“Estamos muy preocupados con lo que está pasando en nuestra zona, la gente vende sus tierras, porque ve la oferta que hacen los sojeros, y no tiene la capacidad para aguantar la tentación, debido a deudas y con la esperanza de mejorar su situación económica. Pero al final no es como creen”, señaló el intendente Olmedo.