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El Poder Judicial tiene comisionados a 84 funcionarios en diferentes instituciones. El mayor número se da en la Municipalidad de Asunción y las cámaras de Senadores y Diputados.
Estos funcionarios, cuyas tareas se desconocen, le cuestan mensualmente a la Corte G. 365.437.816 y al año G. 4.385.253.792.
El salario de los comisionados va de G. 3 millones a más de G. 7 millones, según los datos que se publican en la página de transparencia del Poder Judicial.
En la plenaria del martes pasado, la Corte ordenó a la directora de Recursos, Rosa Szarán, que solicite informe a cada una de las instituciones, sobre las tareas que cumplen los comisionados. El objetivo es evitar el pago irregular a funcionarios que no estarían haciendo ningún trabajo, o se dedicarían a tareas políticas en las dependencias en las que se les comisionó.
No se descarta que los que obtuvieron los comisionamientos, especialmente en la Comuna de Asunción y en el Congreso, estén “planilleando” o haciendo política, con un salario que les paga el pueblo.
La Corte había prometido que se evitarían los comisionamientos, ante las fundadas sospechas de que muchos funcionarios están cobrando sin trabajar. Sin embargo, sigue otorgando este beneficio, especialmente a los apadrinados por políticos, preferentemente senadores, diputados, intendentes y gobernadores.
La Corte tiene alrededor de 13.000 funcionarios entre permanentes y contratados.
El presupuesto 2015 del Poder Judicial tuvo un incremento de más de G. 155.000 millones. De esta cifra, más de G. 588.000 millones se destinaron a sueldo. Esto representa el 74 por ciento de su presupuesto total, que es de G. 1 billón 276.000 millones.
Ministerio Público
Igualmente, la página de transparencia del Ministerio Público revela que la institución comisionó a 72 funcionarios, también en mayor número a la Municipalidad y junta de Asunción; las Cámaras de Senadores y Diputados. La Fiscalía les paga mensualmente a estos funcionarios G. 330.424.845 y al año G. 3.965.098.21.
Con respecto a los comisionados, la Fiscalía General señaló que periódicamente se pide un informe a las instituciones en las cuales se presume trabajan los funcionarios, a cambio de la remuneración mensual con el dinero público.
Tanto los ministros de la Corte como el fiscal general, tienen la obligación legal de cuidar el patrimonio del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La experiencia de la Universidad Nacional de Asunción demuestra que muchos políticos hicieron su campaña con base en el planillerismo y para ello usaron la figura del comisionamiento. Un ejemplo, es el del concejal liberal de Lambaré, Lorenzo Mendieta imputado por la fiscalía y vinculado al diputado del PLRA, Dionisio Amarilla, quien fue administrador del Rectorado de la UNA, desde donde se hacían los comisionamientos.
En las infografías aparecen algunos nombres de los comisionados. (Mañana más detalles en el Semanario Judicial).