El encierro no soluciona el problema de los adolescentes

“Ellos ya compurgaron la pena, están en libertad”, indicó Camilo Torres.

Muchos de los adolescentes infractores de la Ley Penal vienen de condiciones socioeconómicas muy poco favorables, con sus familias casi destruidas, sin trabajo, estudios ni seguridad social, invisibles en sus necesidades, pero sumamente visibles a la hora del castigo, como si la sociedad los quisiera nuevamente devolver a esa situación, pero esta vez a través de la nociva influencia del Derecho Penal, surgen entonces los pedidos a gritos de más cárceles, más castigo, más represión.

El programa piloto de Justicia Juvenil Restaurativa implementado desde setiembre del 2014 por el Juzgado Penal de la Adolescencia de Lambaré, al mando del juez Camilo Torres –cuya jurisdicción abarca las ciudades de Villa Elisa, San Antonio y Ñemby– demostró que la re inserción es posible, pues se ha registrado una reincidencia de tan solo 7,8% entre los jóvenes que participaron en el proyecto.

El acto de clausura del programa de Justicia Restaurativa 2016 se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Cooperativa Lambaré, con la presencia del intendente de la ciudad de Lambaré, Armando Gómez; el ministro de la Corte doctor Sindulfo Blanco; Teresa González, presidenta de la Circunscripción Judicial de Central, y el comisario Fabio Gaspar Mereles.

“Lo bueno de todo es que pudimos llegar a un cierre muy trabajado después de casi un año intenso de trabajo con los chicos, sobre todo ellos lograron responsabilizarse de reparar el daño y reintegrarse a la comunidad, esto tiene un efecto simbólico muy importante. Dentro de la propia comunidad, el intendente, el comisario, el ministro de la Corte, y los jueces podemos interactuar todos juntos después de que los jóvenes hayan cometido un hecho punible.

No existe el estigma. Esto se logra a través de esta justicia restaurativa, la reparación del daño y que la comunidad y la víctima sean parte en la solución del conflicto en sí”, señala Camilo Torres.

–No habrá sido fácil cambiar ese paradigma prejuicioso con relación a los adolescentes.

–Fue un trabajo arduo de 2 años en donde poco a poco con todos los integrantes de todos los diferentes estamentos fueron entendiendo que el castigo está perimido, ya no se adecua a las circunstancias del presente, hace 2.000 años venimos castigando sin cesar y eso nunca fue la solución al problema. La solución al problema es atender integralmente al adolescente, ver cuáles son sus carencias, que él se responsabilice del hecho y que busque la manera de reconciliarse con la víctima, un pedido de disculpas, o la reparación misma del daño. Y que él pueda reinsertarse a la comunidad, ya sea a través de un servicio a beneficio de la comunidad, o en algún tipo de trabajo dentro de la misma.

–¿Evitan los hechos punibles o que los chicos sean depositados en las cárceles?

–Esto tiene una triple acción: por un lado, es preventivo porque se ve que hay otra posibilidad para los chicos, no es solamente la comisión de algún hecho punible, sino que ellos ven que se pueden integrar trabajando, integrar ayudando, integrar desde su posición de joven en desarrollo. Este proceso ayuda al adolescente que ha cometido algún hecho punible a ver de que hay otras vías para poder reencauzar sus vidas, resocializarse y educarse.

No hay que confundir el proceso penal. El proceso penal no está para suplir la negligencia absoluta que existe en este país en cuanto a políticas públicas.

Nosotros recibimos chicos en situaciones lamentables, que no estudiaron, que no trabajaron y que vienen de familias desintegradas, en donde el Estado siempre estuvo ausente.

Nosotros lo que hacemos es darles ese enfoque restaurativo al proceso penal, pero nunca vamos a poder solucionar el problema social desde lo punitivo del derecho penal.

–El juez siempre tiene el poder de condenar. Pareciera que los jóvenes no le tienen miedo a usted.

–(Sonríe) Justamente de eso se trata, de que los adolescentes tengan acceso al juez, tengan acceso a un diálogo con palabras sencillas, para que ellos puedan comprender, de que ellos entiendan de que el problema se puede solucionar, de que no porque ellos hayan cometido un delito están estigmatizados –excluidos–. Trabajamos con equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores, que ayudan a la reinserción paulatina del joven.

Fue complicado que la Policía entienda, fue complicado que la propia autoridad municipal entienda, pero ver estos resultados al tener este tipo de cierre, al tener este reconocimiento también de la ciudadanía, es lo que a ellos les motiva para seguir adelante con estos procesos que al final es garantizar su educación.

–¿No existen las causas perdidas?

–No...(sonríe) Solamente tenemos una reincidencia de los chicos que ingresaron al programa del 8%, lo cual de 380 jóvenes es muy bajo.

Hay un acompañamiento psicológico, socioambiental, que va guiando por los profesionales que trabajan dentro del programa.

Porque no es solamente el adolescente en sí mismo. Es su entorno, la familia, los amigos, el colegio, la práctica de fútbol, entonces todo eso tenemos que cubrir por un periodo de tiempo hasta que él o ella pueda gobernar sus propias acciones.

Cuando se le da una medida socio-educativa de 1 o 2 años están vinculados permanentemente al proceso.

No van a prisión. Para eso están las medidas socioeducativas.

Es interesante mencionar que trabajamos con la Universidad Católica, con el SNPP, con la Sinafocal, con la Casa de la Juventud del Ministerio de Justicia, es un trabajo interinstitucional.

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