“El Jurado resolvió aplicar la sanción de apercibimiento al juez Carlos Goiburú Bado, por haber incurrido en mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del expediente judicial caratulado: “Paulo Ferreira de Souza en representación de los señores José Soares Riveiro y Lindaura Alves da Silva c/ Rogelio Sosa y otro s/ interdicto de retener la posesión”, puesto que en el procedimiento de enjuiciamiento se probó que desconoció disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el traslado de pueblos indígenas (la previa conformidad de los afectados), así como de las reglas procesales que delinean el juicio del interdicto de retener la posesión”, dice la resolución del órgano juzgador.
Luego explica el motivo por el cual no fue removido. “En este caso, si bien se comprobaron los hechos acusados, se encontró que el Magistrado resolvió retrotraer el proceso hasta el momento de la notificación de los sujetos demandados, porque se acreditó que se produjo un estado de indefensión de los mismos, circunstancia objetiva que no justifica el mal desempeño funcional, pero que hace atenuar la respuesta sancionatoria y permite apercibir al enjuiciado”, indica.
El pasado 21 de noviembre, el magistrado Carlos Goiburú Bado revió su resolución de fecha 28 de setiembre, que ordenaba el desalojo de 170 indígenas que ocupaban la propiedad de 600 hectáreas conocida como finca 170, de Villa Ygatimí.
El 5 de noviembre de ese año, el asesor jurídico del Indi, Ricardo Ortega Díaz, radicó un incidente de nulidad de procedimiento, basado en un desconocimiento de la comunidad indígena de las actuaciones procesales en el juicio ordinario impulsado por Ferreira de
Souza.
Sin embargo, no se tramitó la audiencia porque no se notificó al demandante.
Fue así que el 20 de noviembre se realizó el desalojo. Cuando el Indi hizo notar que no se había resuelto el incidente, el juez revió su decisión.
Para entonces ya se habían desmantelado unas 35 viviendas. Además fue desmantelada la escuelita de la comunidad reconocida por el Ministerio de Educación. Se arrojaron a la calle mobiliarios y 80 útiles escolares.