Afirma que con ello se viola el artículo 5° del Código Penal de la Niñez y la Adolescencia, que establece a todos los ciudadanos la obligación de denunciar la violación de derechos de niños y adolescentes.
El hecho ocurrió el 30 de octubre del 2013, ocasión en que los galenos ventilaron en una reunión de prensa detalles del estudio que realizaron a partir de las fotos íntimas de la víctima.
Indignada ante la flagrante violación de los derechos de la joven y la inacción fiscal, la abogada Clara Rosa Gagliardone presentó la denuncia correspondiente.
Tras un año de estudio y tres pedidos de informe (a sus colegas Teresa Sosa y Lorena Ledesma y a la Dirección de Prensa del Ministerio Público), Centurión pidió archivar el caso con el argumento de que es la víctima quien debe impulsar la investigación.
“Podríamos estar ante un eventual hecho punible con todos sus elementos (tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad), pero en el caso que nos ocupa, la fiscalía se encuentra con un obstáculo legal para la persecución penal, ya que el procedimiento debe ser iniciado a instancia de la víctima”, argumentó Centurión al pedir la desestimación de la denuncia a la jueza Lici Sánchez.
“De sostenerse este criterio, se estaría sentando un precedente nefasto para el acceso a la justicia de niños y adolescentes, ya que, a más de ser ilegal e inconstitucional, se estaría dejando sin acceso a la justicia a personas que no cuentan con la posibilidad de tener a sus padres apoyándolos en defensa de sus derechos y garantías”, afirmó Pérez.